“La civilización del capital, un orden que viola masivamente los derechos fundamentales, que hace de la universalidad de los derechos humanos una burla sangrienta, que requiere de la muerte y de la opresión de muchos para la dominación y libertad aparente de unos pocos”. Ignacio Ellacuría, escritor español.
Estas palabras tienen actualidad, en el contexto histórico, político, económico y socioambiental en una de las regiones más desiguales del mundo, como es Centroamérica. De los 43 millones de habitantes, 1,075 centroamericanos, acumulan una riqueza equivalente al 79,3% del PIB regional. Es decir, que aproximadamente el 80% de las riquezas de la región pertenecen al 0.0025% de la población total. Y por otro lado, la mitad de los 43 millones de habitantes tienen ingresos menores a un dólar al día (Informe Mundial de la Ultra Riqueza). La versión inédita del escrito de Ellacuría es de 1988 aunque es citado por la tesis doctoral de Felipe Gómez Isa (1998). Habla de tres décadas.
En el documento de Estrategias para la Defensa del Medioambiente y los Derechos Humanos ante los impactos del Extractivismo Minero en Centroamérica menciona desde un pensamiento crítico: “la universalidad de los derechos humanos debe estar siempre sometida a la realidad de los oprimidos y de las grandes mayorías populares que luchan cotidianamente por su ‘querer-vivir” (Zielinski, 2013, 130). El principio fundamental de todo derecho humano debe ser la reproducción y desarrollo de la vida humana, acorde a sus necesidades básicas, articuladas a las exigencias económicas, culturales, políticas, religiosas, éticas (Dussel 2004). En este sentido, los derechos humanos tienen una naturaleza emancipadora y constituye un espacio primordial de lucha por la dignidad humana de las comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, frente a situaciones de injusticias, desigualdad y múltiples formas de violencias.
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), articulada en el programa de “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y de su trabajo en defensa del Medioambiente y de Derechos Humanos en la extracción de Materias Primas en América Central”, ha desarrollado distintas experiencias de judicialización y estrategias de incidencia en su lucha contra el extractivismo minero, en los distintos ámbitos, nacional e internacional.
Como se ha señalado, la defensa de los derechos humanos se ha basado en dos nociones: la dignidad del ser humano/comunidad y la del poder del Estado con sus límites y controles. Sobre la base de estas premisas, la Alianza ha recurrido a un amplio y variado repertorio de acciones colectivas de lucha y resistencia: procesos de formación, fortalecimiento organizativo, articulación de alianzas, campañas de sensibilización, cabildeo, generación de conocimientos y evidencias mediante estudios e informes, y procesos de judicialización.
