La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM - Defensoras) reportó que, en el 2012, las defensoras de la tierra y el territorio fueron las más violentadas, con un 38% (157) de las agresiones reportadas ese año. En el 2014 la tendencia continuó siendo la misma, con un 38% de agresiones; seguidas por las mujeres que defienden el derecho a la participación política y comunitaria, con un 17% (IM - Defensoras, 2015).
Existen múltiples casos en la región que reportan agresión física y criminalización de la protesta, y en el peor de los casos, asesinatos de líderes y lideresas por defender su territorio, sus recursos y sus medios de vida. Esta represión es provocada por las empresas mineras y avaladas por los Estados, quienes se han convertido en sus principales aliados. De esta manera, se consolida la ecuación planteada por Svampa (2017), a mayor extractivismo menos democracia, esto de acuerdo a la información del documento estrategias para la defensa de Medio Ambiente, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería -ACAFREMIN-.
Procuraduría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala: "entre 2017 y 2018 fueron asesinadas en Guatemala un total de 39 personas defensoras de los derechos humanos".
Al igual la organización Alianza por la Solidaridad denuncia este incremento de ataques y criminalización que está sufriendo el país, que suma un total de 493 ataques, y 13 asesinatos registradas durante el año 2017, y con 391 ataques y 26 asesinatos en 2018.
La Alianza por la Solidaridad desarrolla una acción de apoyo a las comunidades frente a las inversiones no responsables, llamada TIERRA. Achaca esta violencia a la creciente explotación de recursos naturales de la zona, por lo que reclama acciones internacionales y exige medidas oficiales para frenar esta situación que se vive en Guatemala.
La ONU afirma que el 86% de las personas defensoras entrevistadas ha sufrido ataques y amenazas. De estas intimidaciones un 16% son ataques físicos por disparo, con arma blanca o atropellos, un 3% sufrió agresiones sexuales. Se ha involucrado a políticos, el crimen organizado, la seguridad privada, o personas contratadas por terceros.
Corrupción del sistema
El documento de la ONU confirma que la corrupción del sistema “debilita los procesos de defensa y promoción de los derechos humanos” y “afecta desproporcionadamente a las personas marginalizadas en términos de poder económico y político". Por esto, se exige la regulación y cambios estructurales para disminuir la violencia y corrupción hacia las personas que luchan por los derechos humanos y ambientales en Guatemala.
Manifestaciones públicas y protestas sociales
Estas acciones han llegado a manejos extremos, como la militarización de los territorios, donde se emplazan los proyectos extractivos. El Fondo de Acción Urgente de América Latina, advierte que la problemática de la criminalización de la protesta no se trata sólo del envío de fuerzas represivas, sino de una estrategia compleja que incorpora fenómenos de corrupción, criminalización y creación de frentes militares especiales, que a menudo actúan de la mano de grupos paramilitares e incluso mercenarios.
En muchos casos se perpetran graves violaciones a los derechos humanos . Esto se evidencia en el creciente número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados, entre el año 2006 y el 2014 a nivel regional. Un signo alarmante de esta tendencia, es el hecho de que los sectores minero y petrolero siguen siendo los más peligrosos y letales en el mundo para los defensores ambientales, según registros de Global Witness, en 2016. Ante esto Organizaciones sociales y ambientales exigen la regulación y cambios estructurales para disminuir la violencia y corrupción hacia las personas que luchan por los derechos humanos y ambientales.
