El informe “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblso y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional“, realizado por Jen Moore y Manuel Pérez Rocha y editado por Mining Watch, Institute for Policy Studies y Center for International Environmental Law-CIEL,
Informe analiza los arbitrajes en el sector minero en América Latina y El Caribe.
analiza el arbitraje de inversiones en el sector extractivo, principalmente minero, en países de América Latina y el Caribe destacando datos como las numerosas demandas de mineras canadienses, el papel de la financiación de terceros, y las implicaciones que toda la situación tiene para las comunidades locales y estableciendo propuestas que tienen en cuenta, entre otros, los derechos de los pueblos y el medio ambiente. Las conclusiones se plantean a través del estudio de 38 demandas de arbitrajes bajo el actual sistema de arbitraje de inversiones.
En el análisis se cita tanto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), como al sistema de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), arremetiendo contra su mecanismo de formación de tribunales y la deliberación de sus miembros que implica: “temas de absoluta importancia para las comunidades afectadas, los pueblos indígenas y países enteros usurpando efectivamente la responsabilidad de los tribunales y organismos administrativos del país receptor”. Y más adelante se afirma que: “Las normas en los acuerdos de inversión no son consecuentes con la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, los derechos humanos y la protección del medio ambiente”.
En el estudio se citan casos como el de “Occidental Petroleum vs. Ecuador“, “Crystallex vs. Venezuela“; “Zamin Ferrous vs. Uruguay“; y “Odyssey Marine vs. México“.
Otros capítulos como: “Los impactos de la minería a gran escala en América Latina” tratan las amenazas para la naturaleza que entrañan las exploraciones que se están llevando a cabo tras agotar yacimientos ya conocidos y explican las claves que para la protección de inversiones en los tratados tienen elementos como:
- El propio sistema de arbitrajes inversor-Estado
- Las “Restricciones en la ‘Expropiación Indirecta'”
- Las “Normas imprecisas de ‘Trato Justo y Equitativo'”
- El “Trato Nacional y Trato de Nación más Favorecida”
- La “Prohibición de controles de capital”
- Los “Límites para requisitos de cumplimiento”
- El “Estándar de Plena Protección y Seguridad”
- La “Cláusula Paraguas”.
Otros capítulos como “Demandas presentadas por inversionistas en minería contra Gobiernos de América Latina” tratan temas como los “Derchos indígenas y falta de consentimiento de la comunidad” con el ejemplo de casos como “Goldcorp” y “Kappes, Cassiday & Associates” contra Guatemala; Dominion Minerals-Panamá, Bear Creek-Perú, Copper Mesa-Ecuador; Cosigo Resources-Colombia; South American Silver-Bolivia; o Gran Colombia Gold-Colombia.
En el epígrafe dedicado a la “Aplicación de protecciones ambientales y referentes a la salud”, casos como: “Infinito Gold-Costa Rica”, “Eco Oro-Colombia”, “Galway Gold-Colombia”, “Red Eagle-Colombia”, “Pacific Rim-El Salvador” y otros, saltan a la palestra.
El análisis hace un resumen país por país en relación a las demandas en las que se ven implicados y ofrece “Propuestas para la acción”, texto en el que se cita la famosa sentencia Achmea; así como las siguientes propuestas:
- “Propuestas para priorizar la protección de los derechos humanos, y en particular de los Pueblos Indígenas y del ambiente por sobre los derechos de los inversionistas, haciéndola obligatoria.
- Propuestas de mecanismos alternativos de solución de controversias.
- Propuestas para eliminar los privilegios de inversionistas extranjeros y garantizar a los Estados el espacio necesario para diseñar e implementar políticas públicas, -incluyendo el trato especial y diferenciado-a favor de prioridades nacionales y de una mayor igualdad.”
El informe finaliza, entre otros, con la petición de “una auditoría de los Acuerdos Internacional de Inversión actuales (ya sean TBI o bajo los TLC) y, una vez que se cuente con una significativa participación pública, deben ser cancelados o elaborados nuevamente en términos que prioricen los derechos de los pueblos y el medio ambiente” y el ejemplo del caso Pacific Rim contra El Salvador para fortalecer los movimientos sociales.
NOTA ORIGINAL: CIAR GLOBAL
