En el marco del Dia Internacional Contra la Minería a Cielo Abierto, las organizaciones que formamos parte de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, acompañadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos en El Salvador, PDDH, declaramos que:
La minería metálica, principalmente la minería a cielo abierto, es una industria extractiva que provoca impactos irreversibles al medio ambiente y la biodiversidad, destruye los ecosistemas, contamina con drenaje ácido las fuentes de agua superficiales y subterráneas, despoja a los pueblos ancestrales de sus territorios, empobreciendo, desplazando y aumentando la migración.
Las mujeres que representan la mayoría de los habitantes en los territorios amenazados por la minería a cielo abierto sufren diferenciadamente los impactos socioeconómicos de esta industria debido al incremento de la pobreza, la violencia de género, la prostitución forzada y el incremento de sus jornadas de trabajo no remunerado que conllevan al mayor empobrecimiento y precarización de sus familias disminuyendo sensiblemente sus condiciones de vida.
La irrupción de la industria minera en Centroamérica ha generado el debilitamiento del Estado de Derecho, pues ha contribuido a la cooptación de los sistemas judiciales para promover estrategias de criminalización contra lideresas y líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas que, en ejercicio del derecho a la libre expresión, el acceso a la información y la protesta ciudadana, actúan en legítima defensa sus territorios y bienes comunes.
A pesar de que, en el año 2017 en El Salvador se aprobó la prohibición de la minería metálica[1], la prospección de proyectos mineros en las fronteras de Guatemala y Honduras, siguen representando una grave amenaza para las fuentes de agua y ecosistemas ubicados en cuencas compartidas.
Sobre lo anterior, la amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, el cual fue adquirido por la empresa canadiense Bluestone Resources, misma que recientemente anuncio que, a partir del año 2022, implementara una mina a cielo abierto en el municipio de Asunción mita, Guatemala.
En sus comunicados de prensa, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco, solo les faltaría presentar el Estudio de Impacto Ambiental, a finales del 2021, para iniciar la construcción de una mina a cielo abierto, en el municipio de Asunción mita, Guatemala, con proyección para operarla durante 11 años, extrayendo 2.5 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata.
Lo preocupante de la apertura de esta mina es que, por su ubicación geográfica a escasos 15 km de El Salvador, los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el río Rio Lempa, la fuente de agua más importante del país, el cual abastece de agua potable a dos tercios de la población del gran San Salvador y gran parte de la agricultura y ganadería del país.
La apertura de la mina también sería una fuente de contaminación para la Región Trifinio, la cual se considera una unidad ecológica indivisible y estratégica regional, a través de un Tratado trilateral suscrito por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Como organizaciones sociales y ambientales de ambos países, -Guatemala y El Salvador- nos preocupan los impactos socio-ambientales que este proyecto de minería a cielo abierto pueda generar a las comunidades aledañas, que ya sufren por la pérdida de manantiales y fuentes de agua por la extracción y vertido de las aguas termales que han provocado un desequilibrio hídrico en la frontera.
Así también denunciamos ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Entre Mares de Guatemala, la falta de acceso a información por parte de las autoridades guatemaltecas, respecto a estudios de impacto ambiental presentados por la empresa, y de una consulta ciudadana efectiva, acorde a los tratados internacionales, tomando en cuenta que el proyecto minero, trae consigo afectaciones a derechos fundamentales y pone en riesgo la vida no solo de las comunidades transfronterizas, sino, también, la vida de los habitantes de El Salvador.
Por tanto, exigimos:
- El cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el Río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago Guija.
- Que el Gobierno Salvadoreño retome con la debida urgencia las recomendaciones de la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, emitidas en el año 2013 mediante el “Informe especial sobre el Proyecto Minero Cerro Blanco y las Potenciales Vulneraciones a Derechos Humanos en la población salvadoreña”, especialmente los literales b y c del informe supra.”
- A los gobiernos de Guatemala y El Salvador que establezcan con carácter de urgente, una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas transfronterizas, auxiliándose del Sistema de Integración Centroamericana y de Instituciones Multilaterales para la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica de cuencas transfronterizas, que garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
- A los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico, que fomenten la sostenibilidad y la utilización los bienes naturales en beneficio de las grandes mayorías de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED), a efecto de reducir los impactos socio ambientales, que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y las próximas generaciones.
San Salvador - 22 de julio del 2021
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[1] LEY CONTRA LA MINERÍA METÁLICA EN EL SALVADOR 29 DE MARZO, 2017.
