Las organizaciones integrantes de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, en el sexto encuentro regional realizado en el municipio de Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador.
Nos encontramos en el marco del bicentenario de supuesta independencia que permitió el surgimiento y apropiación del territorio Centroamérica por elites nacionalistas cuyos intereses definieron y configuraron un modelo económico de exclusión y opresión, impulsando modelos anclados en la posesión y explotación bienes naturales que no ha permitido un desarrollo humano digno para las poblaciones.
Vemos con preocupación que, en el marco de la nueva normalidad caracterizada por el mal manejo de la pandemia COVID19, reaparece el espectro de las viejas dictaduras y las brutales violaciones a los derechos humanos que afectaron a la región en las décadas de los 60s a los 80s. En la actualidad, gobiernos autoritarios se han instalado con la misión de consolidar un modelo económico extractivo basado en la expansión de mega proyectos de minería, hidroeléctricas, turismo y monocultivos que fomentan la explotación desmedida y descontrolada sobre los bienes naturales (cuencas hídricas, montañas, bosques). La consolidación de esta economía extractivista se agudiza a partir de los planes de reactivación económica post COVID 19 y amenaza, no solo con agravar la vulnerabilidad socio-ambiental y la seguridad alimentaria de la región, sino también, con aumentar las condiciones de conflicto y violaciones a Derechos Humanos. En esta nueva normalidad donde se desintegra la frágil institucionalidad democrática y se fortalece el sector corporativo, también vemos el resurgimiento de instituciones militares reforzando la alianza política/empresarial de la región, en disposición de criminalizar la fiscalización y la protesta social.
Reconociendo que la principal amenaza a los pueblos y territorios es la imposición y continuación de este modelo económico extractivo, ahora disfrazado como reactivación económica post pandemia en economías y con procesos administrativos viciados que en su mayoría son inconsultos con las comunidades afectadas y contribuyen al aumento de conflictos socioambientales.
Como alianza Reivindicamos derecho humano, a la vida, a la alimentación, al agua de calidad y al saneamiento como condición indispensable para que nuestros pueblos puedan vivir con dignidad y para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General N° 15 (2002).
Por lo que declaramos:
- Instamos a que los gobiernos de la región centroamericana cumplan con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho humano al agua, aprobando el reconocimiento constitucional y las leyes generales de agua, evitando su mercantilización, por las graves repercusiones en la realización de los derechos humanos, principalmente en los pueblos indígenas y comunidades vulnerables y excluidas.
- Hacemos un llamado para que los gobiernos de la región elaboren e implementen políticas hídricas nacionales y regionales, tomando en cuenta la amenaza de la industria extractiva que afecta la integridad de los bienes hídricos y que atenta en contra de la realización del derecho humano al agua.
- Exigimos la ratificación y cumplimiento del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”.
- Nos preocupa el clima de criminalización y asesinatos a defensores y defensoras ambientales de acuerdo al informe de Global Witness: “Defendiendo el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente” publicado en el 2020, la región centroamericana es una que muestra mayor número de asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente.
- Hacemos un llamado para que los gobiernos centroamericanos fortalezcan la participación de la sociedad civil informada, respetando el derecho de asociación, libre expresión y manifestación, por medio de efectivos procesos de información y consulta para la toma de decisiones. Las alertas provenientes de la sociedad civil organizada deben ser escuchadas y no reprimidas a través de leyes, como la ley de ONG’s destinadas a callar la oposición bajo la amenaza de cancelar su registro civil, por el hecho de informar y denunciar la corrupción y violación de derechos por parte de la institucionalidad de los Estados. Por el contrario, reconocer el aporte de la sociedad civil, sus organizaciones y fomentar el respeto a los derechos humanos y la cultura de dialogo es una práctica de gobernanza que garantiza la prevención de conflictos socioambientales.
- Ratificamos nuestro compromiso, como Alianza Centroamericana Frente a la Minería ACAFREMIN en cumplimiento de nuestra misión de seguir aportando y contribuyendo a la solución de la problemática socioambiental, causada por el modelo económico extractivo en detrimento de los derechos humanos y la calidad de vida de los pueblos de la región, incluido el derecho humano al agua y a seguir trabajando coordinadamente a nivel regional para promover cambios y la reivindicación de este derecho, en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
San Salvador, 18 de junio de 2021.
