La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) denuncia la continua violación de los derechos humanos y particularmente la reciente violación al derecho al Debido Proceso de los defensores ambientales Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez quienes siguen bajo medidas de prisión preventiva por su defensa del Rio Guapinol.
El 18 de diciembre de 2020, la jueza Zoé Guifarro del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, declaró sin lugar la revisión de medidas cautelares solicitada por el equipo legal de los ocho defensores ambientales recluidos desde septiembre del 2019 por presuntos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad. En su dictamen, la jueza no dio explicación legal para mantener las medidas, a pesar que los cargos de asociación ilícita, que son los que podrían justificar prisión preventiva, fueron desestimados en una resolución anterior; además, no tomo en consideración que los defensores se presentaron voluntariamente a responder por los cargos que se les imputan en agosto de 2019, ni los riesgos a la salud presentados por la emergencia sanitaria COVID-19.
Las medidas carcelarias son el resultado de una denuncia por parte de la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek ante Ministerio Público de honduras como respuesta a la oposición social a su proyecto de extracción de Óxido de Hierro ubicado dentro de la zona núcleo del parque nacional Carlos escaleras. En agosto de 2018, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), con el apoyo de varias organizaciones y comunidades, instalaron el “campamento por el Agua y la Vida” para protestar contra los impactos ambientales causados por la implementación del proyecto minero. Entre las denuncias de la comunidad se encuentran la adjudicación irregular de licencias mineras dentro de un área protegida, los impactos ambientales del proyecto minero en una de las zonas más importantes de recarga y reserva hídrica de la región del Aguan, y la falta de consulta pública ante las comunidades afectadas.
El campamento fue desmantelado en octubre de 2018 haciendo uso excesivo de la fuerza, más de 1500 efectivos policiales y militares fueron movilizados para desalojar a unos doscientos miembros de la comunidad. Seguido al desalojo, la empresa en coordinación con el Ministerio Público iniciaron una campaña de desprestigio y amenazas públicas contra opositores del proyecto, la fabricación de cargos criminales que llevan penas excesivas y la aplicación de la ley con fines políticos. En total 32 personas han sido criminalizadas, 8 de estos se encuentran actualmente en prisión preventiva después de presentarse ante los tribunales para responder a los cargos imputados.
Seguido al dictamen de la jueza Zoé Guifarro, el equipo legal de los ocho defensores presento un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba que debió haberse adminitido de manera expedita, según las normas establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional de Honduras, pero la Jueza Zoe Guijarro admitió el recurso con tres semanas de retraso, asegurando asi que los defensores pasaran la navidad bajo prisión.
Las irregularidades procesales de este caso solo pueden explicarse por un pacto silencioso entre el poder Ejecutivo, el ministerio público y la empresa Inversiones los Pinares / Ecotek para criminalizar a los opositores del proyecto minero que afectaría a uno de las principales fuentes de agua potable para la región del Aguan.
Desde ACAFREMIN, condenamos la persecución y criminalización contra los defensores del río Guapinol. Este caso es emblemático de un patrón de violencia y violaciones a los derechos humanos de defensores del agua y la tierra perpetradas por los estados de la región en complicidad con empresas extractivas que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros bienes comunes a costa de la destrucción de la biodiversidad, las fuentes de agua y la vida de las comunidades.
Como alianza nos unimos as demandas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y la comunidad internacional para exigir:
- Que la Corte de Apelaciones de la Ceiba resuelva la libertad inmediata de los 8 defensores del Agua en Caso Guapinol y Sector San Pedro que se encuentran en prisión preventiva de manera arbitraria.
- Que cese la campaña de persecución judicial, amenazas y hostigamiento permanente contra defensores y defensoras de derechos humanos del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, sus organizaciones miembros y familiares de los presos por parte del Estado de Honduras y la empresa Inversiones los Pinares/ECOTEK. Exigimos la Salida Inmediata de la Empresa minera inversiones los pinares y ECOTEK del Municipio de Tocoa Colón.
- En virtud del cabildo abierto que declaro a Tocoa como municipio libre de minería, en noviembre de 2019, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras en Tocoa Colón Honduras como una solución al conflicto minero en el municipio.
4 de enero de 2021
