El pasado 26 de septiembre caduco la fecha para que los países de la región firmaran el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,” también conocido como el Acuerdo de Escazú.
El acuerdo es un instrumento jurídico internacional que plasma el compromiso político de seguimiento al Principio 10 (LACP10), adoptado por los estados de Latinoamérica y el Caribe en la conferencia de las Naciones Unidas RIO+20 en Brasil, en 2012, para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información, participen en la toma de decisiones y accedan a la justicia en asuntos ambientales. Además, el acuerdo es el primer instrumento internacional vinculante que garantiza la protección de los defensores ambientales
La firma, ratificación e implementación de este acuerdo, representa una oportunidad para que los gobiernos de la región CA4 tomen medidas encaminadas a transformar la vergonzosa denominación como una de las regiones con mayor índice de conflictos socio-ambientales en el mundo; pero en cambio, el desinterés por parte de los gobiernos de turno porne al descubierto su compromiso con las grandes corporaciones multinacionales que se benefician de la economía extractivista.
Centroamérica es una región marcada por una historia de desigualdad, dictaduras y conflictos por la explotación de sus bienes naturales; en las últimas décadas, estos conflictos se han intensificado como resultado de la implementación de un modelo económico basado en la expansión de mega proyectos de minería, hidroeléctricas y monocultivos. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, documenta 35 casos de conflictos entre comunidades y empresas mineras; el Atlas de Justicia Ambiental, EJATLAS, documenta 68 casos de conflicto en la región CA4.
El informe “Defender el Mañana”, presentado por Global Witness en julio 2020, documenta la escalada de violencia contra defensores ambientales y ubica a Guatemala, Honduras y Nicaragua entre los países con mayor índice de asesinatos de defensores ambientales. Según el reporte, solo en el año 2019, 12 guatemaltecos, 14 hondureños que fueron asesinados por la defensa del medio ambiente. En el mismo informe, Honduras se perfila como el país más peligroso del mundo para defensores de la tierra y del medio ambiente.
Al número de casos documentados formalmente por organizaciones de derechos humanos, se suman centenares de disputas locales de menor nivel (pero en muchos casos más trágicos) que se despliegan día a día en los territorios sin ser documentados por la falta de capacidad en las comunidades, por falta de recursos para las organizaciones que proveen apoyo en la defensoría de derechos humanos y por la invisibilización sistemática por parte de las instituciones estatales.
La consolidación de esta economía extractivista que se avecina a partir de los planes de reactivación económica post COVID 19, amenaza no solo con agravar las condiciones de conflicto local y violaciones a Derechos Humanos, sino también con intensificar conflictos en cuencas compartidas de la región. Según el estudio “Agua Transfronteriza y Minería en Centroamérica”, publicado en 2018 por la Fundación Heinrich Boll, en Centroamérica existen 18 acuíferos transfronterizos y 23 afluentes de agua internacionales que drenan el 40% del territorio. De estos, 25 ríos guatemaltecos comparten agua con los demás países de la región; Honduras posee 10 cuencas compartidas; El Salvador tiene 6 afluentes compartidos y Nicaragua, Costa Rica y Panamá comparten 4 fuentes de agua.
Entre los focos de riesgo de conflicto se encuentran: el río Coco o Segovia entre Honduras y Nicaragua; el sistema Ostúa – Guija – Lempa, entre El Salvador – Guatemala – Honduras; el Río San Juan entre Costa Rica - Nicaragua; el Río Motagua entre Guatemala - Honduras y los ríos Sarstún y Mopán, entre Belice - Guatemala y el Río Hondo entre Belice - Guatemala – México.
De la misma manera, el estudio identifica al menos 42 licencias mineras entre las cuencas de Honduras y El Salvador: en el departamento de Valle, en Honduras, se encuentran 15 proyectos mineros que afectaría los ríos Guascorán y Torola en los departamentos de La Unión y Morazán; también, 13 mineras del departamento de Lempira amenazan al Río Lempa, por la zona de Chalatenango y Cabañas; y, 11 proyectos mineros en ubicados la frontera con Guatemala.
A las condiciones existentes de vulnerabilidad socio ambiental y la entrega de grandes concesiones de tierra y agua a las industrias extractivas, se le suma el hecho que Centroamérica es una de las regiones más afectadas por cambio climático. Este fenómeno requiere que los gobiernos adopten políticas que fomenten la mitigación y adaptación al cambio climático y así poder evitar mayor vulnerabilidad socio ambiental, la ampliación de las brechas socioeconómicas, y potenciales conflictos por el uso de agua y la tierra.
Bajo este escenario de crisis ambiental generalizada, como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, nos preocupa que los gobiernos de la región sigan actuando para privilegiar la institucionalidad pro-extractivista, que garantiza la explotación y el despojo de los bienes comunes, y que al mismo tiempo rechacen iniciativas como el Acuerdo de Escazú que fortalecerían las instituciones democráticas que garantizan los derechos de la ciudadanía y la protección del medio ambiente.
Al cierre de la fecha límite para la firma del acuerdo, la participación de la región CA4 dejo mucho de desear: Nicaragua ratificó, Guatemala solo firmo; mientras que el Salvador y Honduras no firmaron.
Como tal, reiteramos nuestro compromiso para seguir proponiendo modelos de desarrollo sostenible, que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países y que garanticen el derecho humano a la tierra, al agua y al aire limpio; y nuestro compromiso con la defensa del derecho a defender el patrimonio natural para que las futuras generaciones puedan disfrutar y coexistir de manera armoniosa con la naturaleza.
Demandamos a los gobiernos de la región CA4 que no firmaron el acuerdo comiencen el proceso de adhesión y que todos los gobiernos inicien la construcción de la institucionalidad necesaria para garantizar los derechos de acceso información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental.
30 de septiembre de 2020
