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Un grupo de diversas redes de organizaciones sociales y medio ambientales denunciaron sentirse preocupadas ante la amenaza de que el gobierno de El Salvador permita la reactivación de la actividad minera metálica en el país, lo que vendría a agravar la crisis hídrica, los niveles de contaminación ambiental y exponer la vida de las familias en las comunidades.
La posibilidad de que se reactive la minería metálica surge a raíz de las reuniones que ha sostenido representantes del gobierno con delegados del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros.
El Salvador mantiene, desde hace cuatro años, una ley que prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades, como resultado de la lucha de las organizaciones sociales y medio ambientales. Sin embargo, el gobierno salvadoreño actual se ha caracterizado por transgredir leyes, reglamentos, derechos constitucionales y humanos impulsando políticas inconsultas, lo que agudiza aún más la alerta en las comunidades y organizaciones sobre la posible reversión de la prohibición.
La explotación minera ha impuesto en varios países centroamericanos una situación de crisis que golpea a las familias de las comunidades más pobres y necesitadas. Para el caso en Guatemala la mina Cerro Blanco amenaza con realizar actividades a cielo abierto lo provocaría la devastación del cerro y la contaminación del recurso hídrico de Guatemala y El Salvador.
El gobierno de Guatemala permite desde el año 2014 la contaminación del lago Izabal debido a la actividad minera de la compañía minera de Guatemala Níquel co.
En Nicaragua, la extracción del oro está provocando luto y dolor a las familias indígenas en una situación cada vez más crítica por la pérdida de casi todas las tierras de cultivo, pesca, madera y caza con las cuales los indígenas subsisten.
En Honduras el gobierno mantiene castigados con cárcel, desde hace más de dos años, a ocho defensores ambientalistas del río Guapinol.
Las actividades de la minería metálica en Centroamérica generan conflictos ambientales y arrebatan la vida de defensores ambientalistas, crímenes que hasta hoy continúan impunes y que los gobiernos han preferido ignorar.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que luchan por la prohibición de la minería metálica siguen convencidos de que el país no esta preparado para una reversión de la ley de prohibición de la minería metálica, ya que las causas por las que se prohibió no han sido superadas y se pone en riesgo la vida.
Exigen al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir la ley que prohíbe la minería metálica y al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
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La práctica nociva de agrotóxicos en el cultivo de caña de azúcar pone en riesgo la vida de las personas en las comunidades centroamericanas, mediante la contaminación de los acuíferos y ríos que proveen de agua a las poblaciones.
Un estudio reciente de Alianza por la Solidaridad reporta que en Centroamérica el “cultivo de caña de azúcar utiliza cuatro tipos de agroquímicos principales: 1) fertilizantes 2) herbicidas y fungicidas 3) inhibidores de flor 4) madurantes. Para sacarle el máximo rendimiento posible a las tierras y al agua utilizadas, las empresas azucareras recurren al consumo de estos agrotóxicos en cantidades cada vez más elevadas.”
En El Salvador el uso indiscriminado plaguicidas, por décadas, ha provocado daños irreparables a la salud de la población, y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y fuentes de agua; superficiales y subterráneas que proveen a la población de agua.
Pese al peligro y a la amenaza de vida y salud de la población, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, permite el ingreso anual de más de $55 millones de agrotóxicos para su uso en la agricultura.
Es por ello que en el marco del día internacional contra los plaguicidas varias organizaciones sociales, ambientales y personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC), que viven en las comunidades afectadas se presentaron ante el Ministerio de Salud para demandar una política de atención que garantice de forma efectiva el derecho a la salud de las personas que sufren insuficiencia renal, debido a la exposición de agrotóxicos.
Asimismo, se demandó de la Asamblea Legislativa la prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país. Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013.
Las organizaciones sociales y ambientalistas en El Salvador han mantenido una campaña de denuncia denominada Azúcar Amarga, a través de la cual se busca visibilizar la problemática y los padecimientos que causan las prácticas de fumigación aérea y la quema de cañales que se realizan en este momento debido a la temporada de la zafra.
Situación similar se vive en el vecino país Guatemala, uno de los cuatro grandes exportadores a nivel mundial, la mayor parte de la población se ha visto desplazada a tierras menos fértiles, mientras unas pocas corporaciones se han hecho con la costa sur, la zona agrícola más rica del país, donde se cultivan extensas plantaciones azucareras, bananeras, de palma africana y de hule.
En el caso de Honduras Siete de los diez principales productos de exportación reciben tratamiento por plaguicidas, sobre todo es en las plantaciones de banano donde se usa la mayor cantidad de plaguicidas.
Los problemas ambientales que pasan en Nicaragua se repiten con variantes, en todos los países del centroamericanos, y son la extensiva tala de bosques, el uso excesivo de pesticidas, la contaminación de las aguas, la erosión del suelo con la pérdida de fertilidad de la tierra, la urbanización masiva, son algunos de los efectos ambientales directos e indirectos que provoca el modelo económico agroexportador, preocupado únicamente por aumentar los beneficios de grupos minoritarios y empresas transnacionales e indiferente ante las consecuencias que a largo plazo esta forma de explotación pueda tener para la población y para el medio ambiente.
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El gobierno de Nicaragua le sigue apostando a la destrucción ambiental causada por la industria minera, especialmente a la extracción del oro, pese a que está comprobado que esta industria no contribuye a la calidad de vida de la población y tiene sus mayores afectaciones en comunidades indígenas que son desplazados de sus territorios ancestrales.
La apuesta del gobierno divulgada a través de la Cámara Minera de Nicaragua, (CAMINIC), es incrementar las exportaciones de oro para el 2023 a 500 mil onzas, aún a costa del impacto ambiental y humano, priorizando las ganancias millonarias a las empresas mineras.
Para cumplir estas expectativas, este 2021 han iniciado operaciones en la Mina San Albino y dos planteles exclusivos para minería artesanal. Además, se espera que el próximo año comience a operar la Mina La India, la cual es conocida por la criminalizacion de la ferrea oposicion comunitaria al proyecto .
Una publicación reciente de la revista Divergentes, señala un área total de 71,000 kilómetros cuadrados destinada para concesiones mineras, lo que representa que el 60% del territorio nacional, ha sido clasificado como territorio de interés minero.
A la fecha los proyectos mineros activos se encuentran en el 11% del territorio. Este porcentaje va en aumentado desde 2017, cuando se aprobó la ley que creó la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), misma que dispuso 1.5 millones de hectáreas para concesiones mineras.
De principal interés es la empresa canadiense Calibre Mining que según Divegentes, concentra entre 64% y el 70% de la producción minera del país.
El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la mineria se ha extendido en el Caribe Norte, particularmente la región circundante, al área de amortiguamiento y la reserva de la biósfera Bosawas, donde el gobierno ha renovado al menos 21 concesiones, a un plazo de 25 años más para la explotación minera.
La Reserva de la Biosfera Bosawás es un territorio ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, rica en biodiversidad y poblada por comunidades indígenas mayangnas y miskitos. Esta region fue reconocida por el programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO en octubre de 1997 y ratificada por el Gobierno de Nicaragua en el 2001.
La extracción del oro causa ademas luto y dolor a las familias indígenas, el 23 de agosto de 2021, a 50 kilómetros de Bonanza ocurrió la masacre de doce miembros de las comunidades mayagna quienes fueron atacados por mineros artesanales que operan sin licencias eb la zona de Kiwakumbaih.
La situación se vuelve cada vez más crítica para las comunidades que son afectadas por la pérdida de sus tierras de la cuales subsisten para el cultivo, pesca, madera y caza.
El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), mantiene un registro de las violaciones y asesinatos sufridas por las comunidades indígenas nicaragüenses.
En el 2011 se reportaron 61 indígenas asesinados producto de los conflictos de propiedad entre las comunidades indígenas y los colonos.
Del 2011 al 2020, se registra un incremento de violencia y sometimiento contra las comunidades indígenas, que dan como resultado más de un centenar de asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, 48 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena Mayangna, agresiones a dos niñas indígenas Mískitu menores de edad, por mencionar algunos.
Asimismo, se estima que, debido a la violencia, alrededor de 1000 personas indígenas Mískitu se encuentran actualmente desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas con Honduras.
Las comunidades y personas defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu se encuentran sometidas a constantes amenazas por parte de grupos de personas usurpadoras quienes incursionan en tierras indígenas con el objetivo de desplazar a la población de manera forzosa y ocupar sus tierras para llevar a cabo actividades ilegales de minería, siembra de marihuana, ganadería y tala de madera.
La política de desarrollo extractivista del gobierno nicaragüense fomenta la violencia a pesar de haber ratificado el Acuerdo de Escazú que compromete a los gobiernos de la región latinoamericana y el caribe a garantizar derechos ambientales como el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten sus territorios, el acceso a la justicia ambiental y garantías para defensores de derechos humanos.
Este año Nicaragua, junto a Honduras y Guatemala, aparecen en la lista de los cinco países más peligrosos para defensores ambientales en el mundo, según el reporte anual de la organización Global Witness.
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El gobierno salvadoreño agudiza la política de persecución y amedrantamiento sobre diversos sectores que alzan las voces de denuncia ante la ola de abusos y corrupción existente en el país. Las últimas acciones del gobierno, después de los allanamientos a organizaciones sociales, van en contra de lideresas y líderes comunitarios del departamento de Ahuachapan que han sido detenidos y encarcelados por proteger los recursos naturales y en especial el agua.
Este dia en el Juzgado Primero de Paz se llevará a cabo la audiencia inicial de los defensores del agua que fueron arrestados en la madrugada del 25 de noviembre por efectivos policiales y fiscales quienes los acusaban de haber ingresado a una propiedad privada. Sin embargo, los agentes de la policía y la fiscalía omiten que los ambientalistas han estado denunciando la perforación de seis pozos que realiza la empresa Fénix S.A. de C.V. de Salazar Romero en la Hacienda La Labor, ya que esta acción privada daña el acuífero que abastece a cuatro cantones y 14 caseríos donde habitan más de 10 mil familias.
Los líderes comunitarios detenidos son Jorge Zúñiga, David Escalante y Rosa Cinco, quienes se han opuesto al proyecto que pretende destruir 40 manzanas de área protegida, que además es una fuente de agua subterránea, por la construcción de mil 500 casas de la empresa Salazar Romero.
La asamblea general de las Naciones Unidas reconoció explícitamente en el año 2010 “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Sin embargo, los gobiernos centroamericanos siguen comercializando y explotando el recurso hídrico.
Mientras los gobiernos centroamericanos utilizan la fuerza policial y militar para someter a los que mantienen una lucha por la conservación y cuido del medio ambiente y en especial del recurso hídrico, la inseguridad en los países se incrementa de manera acelerada sin que se hagan acciones efectivas para contenerla.
En Honduras una situación similar vive ocho defensores ambientalistas, quienes desde hace dos años han sido encarcelados por proteger el río Guapinol y que las autoridades se empeñan en buscar trabas y dar fallos arbitrarios para perpetuar el castigo a una acción pacífica de denuncia de la contaminación que genera la explotación minera en el afluente.
El gobierno de Guatemala ha impuesto un toque de queda y militarizado la zona de El Estor, Izabal para reprimir y contener a las comunidades indígenas y proteger la acción de extracción de la mina.
La defensa que mujeres y hombres de comunidades rurales hacen a favor del medio ambiente ha sido criminalizada por los gobernantes centroamericanos, quienes inclinan la balanza a favor de la sobre explosión de los recursos, aún y cuando estos generen contaminación de los pocos mantos acuíferos que los abastecen.
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En El Salvador la fiscalía general de la República, junto con la Policía Nacional Civil, iniciaron este día una persecución y amedrantamiento político en contra de varias organizaciones sociales que por años han mantenido una trayectoria de trabajo solidario y humanitario con comunidades y sectores más vulnerables en el país.
La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES; el Movimiento de Mujeres, Las Mélidas; La Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social FUNDASPAD; La Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas, “una Mano Amiga”; la Asociación de Ayuda Humanitaria, PROVIDA; La Asociación de Mujeres Tecleñas; y Fundación Ambientalista de Santa Ana, FUNDASAN, todas aparecen en un listado con orden de allanamiento.
Las primeras sedes en ser allanadas con un fuerte despliegue policial, en donde se les decomisó documentos y se hizo revisión de computadoras fueron Las Mélidas, PROVIDA, PROCOMES.
La presidenta de Las Mélidas, Azucena Ortíz, dijo estar sorprendida por la acción injustificada de las autoridades y considerarlo un ataque directo a la organización, que durante 29 años se han dedicado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y a alfabetización, entre otras.
Responsabilizó a las autoridades por algún extravío de documentos valiosos que le pertenece a la organización y que justifican la utilización de fondos, ya que estos serán retirados tras el allanamiento.
La denuncia de las organizaciones sociales, a través de las redes sociales, sobre los allanamientos y la publicación de varios medios de comunicación, obligó a la fiscalía a comunicar a través de la cuenta oficial de Twitter que los allanamientos se dan por un aviso de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a organismos no gubernamentales, durante el periodo 2011- 2019.
Sin embargo, el allanamiento a las organizaciones sociales fue autorizado por la ex esposa del fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, la jueza Primero de Paz de San Salvador, Haydeé Lisett Flores, quien fue electa el pasado 26 de septiembre por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin ser propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura y sin someterse a ningún proceso de selección como lo indica la ley.
Las acciones de persecución y amedrantamiento a organizaciones sociales, ambientalistas, periodistas y medios de comunicación es una política instaurada por gobiernos de Centroamérica que están siendo liderado por presidentes autoritarios.
En Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades liberan una batalla contra regímenes que violentan constantemente derechos fundamentales como los derechos humanos; libertad de expresión; el derecho a la información; derecho al agua y saneamiento; derecho a la manifestación pacífica, por mencionar algunos.
Las medidas instaladas por los gobiernos autoritarios pasan por la imposición de toques de queda, restricción de acceso a la prensa y a la información sobre el uso de los fondos púbicos de los países, persecución y encarcelamientos políticos, control de las instancias públicas y debilitamiento de la independencia judicial, legislativo, policial; todas estas acuerpadas con la ayuda militar y policial de los países.
Estos abusos están siendo denunciados tenazmente no solo por las organizaciones afectadas, sino también por organismos internacionales de derechos humanos, que constantemente hacen un llamado a los presidentes de estos países centroamericanos a regirse por la declaración universal de los derechos humanos y por las constituciones de las repúblicas.
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