Un grupo de diversas redes de organizaciones sociales y medio ambientales denunciaron sentirse preocupadas ante la amenaza de que el gobierno de El Salvador permita la reactivación de la actividad minera metálica en el país, lo que vendría a agravar la crisis hídrica, los niveles de contaminación ambiental y exponer la vida de las familias en las comunidades.
La posibilidad de que se reactive la minería metálica surge a raíz de las reuniones que ha sostenido representantes del gobierno con delegados del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros.
El Salvador mantiene, desde hace cuatro años, una ley que prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades, como resultado de la lucha de las organizaciones sociales y medio ambientales. Sin embargo, el gobierno salvadoreño actual se ha caracterizado por transgredir leyes, reglamentos, derechos constitucionales y humanos impulsando políticas inconsultas, lo que agudiza aún más la alerta en las comunidades y organizaciones sobre la posible reversión de la prohibición.
La explotación minera ha impuesto en varios países centroamericanos una situación de crisis que golpea a las familias de las comunidades más pobres y necesitadas. Para el caso en Guatemala la mina Cerro Blanco amenaza con realizar actividades a cielo abierto lo provocaría la devastación del cerro y la contaminación del recurso hídrico de Guatemala y El Salvador.
El gobierno de Guatemala permite desde el año 2014 la contaminación del lago Izabal debido a la actividad minera de la compañía minera de Guatemala Níquel co.
En Nicaragua, la extracción del oro está provocando luto y dolor a las familias indígenas en una situación cada vez más crítica por la pérdida de casi todas las tierras de cultivo, pesca, madera y caza con las cuales los indígenas subsisten.
En Honduras el gobierno mantiene castigados con cárcel, desde hace más de dos años, a ocho defensores ambientalistas del río Guapinol.
Las actividades de la minería metálica en Centroamérica generan conflictos ambientales y arrebatan la vida de defensores ambientalistas, crímenes que hasta hoy continúan impunes y que los gobiernos han preferido ignorar.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que luchan por la prohibición de la minería metálica siguen convencidos de que el país no esta preparado para una reversión de la ley de prohibición de la minería metálica, ya que las causas por las que se prohibió no han sido superadas y se pone en riesgo la vida.
Exigen al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir la ley que prohíbe la minería metálica y al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
