El reciente anuncio del gobierno hondureño de declarar el territorio libre de minería a cielo abierto llena de expectativas a las organizaciones defensoras del ambiente y derechos humanos, quienes por años han sido sujetas a campañas agresivas de criminalización por defender el territorio y las fuentes de agua de las comunidades.
El anuncio que ademas deja sin efecto permisos de exploración y explotación minera a la industria minera en Honduras se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, noticia que fue difundida por redes sociales y que alcanzó las reacciones de diversas organismos y organizaciones ambientalistas a nivel regional.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país a nivel global en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.
En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa
La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros. Sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.
El anuncio del gobierno hondureño representa un alivio y da confianza a las comunidades rurales. Sin embargo, se mantendrán alertas para que está declaratoria sea cumplida firmemente.
La huella de violencia de los proyectos mineros
Con la nueva medida tomada por el gobierno de Honduras se espera poner un alto al alto índice de violencia y asesinatos que marcaba la principal denuncia de las comunidades en territorios en disputa y además que se priorice el cumplimiento de los derechos y el bienestar de la población antes que los intereses financieros.
Las comunidades rurales en Honduras han sido las más afectadas por la introducción de la industria minera. El desalojo de tierras y desplazamiento forzado, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del agua y la violación de derechos humanos, principalmente la criminalización de defensores ambientales, son de las afectaciones más comunes que causan la minería.
Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas “Informe alternativo para el Examen periódico universal”, más de 140 activistas de los bienes comunes y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2019. Honduras también aparece como uno de los países mas peligrosos para defensores ambientales del mundo en los reportes más recientes de la organización Global Witness.
Uno de los casos con mayor relevancia internacional, debido a la clara cooptación de las instituciones administradoras de justicia por parte de la industria minera fue el de los defensores del río Guapinol, con 8 privados de libertad por más de 29 meses, por defender el agua de sus comunidades en Tocoa, en el departamento de Colon.
En octubre del año 2018, más de 1,500 efectivos militares y policías desalojan a la fuerza al campamento de 200 personas de comunidades rurales del municipio de Tacoa que se mantenían en resistencia para proteger el río Guapinol ante el desarrollo ilegal de un proyecto minero propiedad de la empresa Inversiones los Pinares/Ecotek.
Ese operativo militar deja como resultado el requerimiento injustificado de 31 defensores ambientales por parte del Ministerio Público por los delitos de incendio agravado, privación de libertad y asociaciones ilícitas, cargos que fueron después clasificados por la defensa como una táctica de amedrantamiento e intimidación contra los opositores de la empresa minera Inversiones los Pinares/Ecotek.
En agosto del 2019, inicia la detención injustificada para siete defensores ambientales que voluntariamente se presentaron ante los juzgados para responder al requerimiento del ministerio público.
Un informe presentado por la Alianza Centroamericana Frente a la Mineria en junio del 2020 concluye que el Estado hondureño enfrento la oposición local al proyecto minero de ILP y sus impactos ambientales, con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física violenta contra los habitantes que buscan defender el territorio en el que habitan y sus recursos naturales. Las víctimas y los testigos, que hicieron declaraciones ante una delegación internacional de académicos convocada por ACAFREMIN, identificaron a los militares, la policía y hombres armados locales empleados como guardias de seguridad por la compañía como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo del daño generalizado y la intimidación que sufren los defensores y defensoras del medio ambiente, los y las líderes indígenas, campesinos/as y pequeños/as agricultores/en Honduras cuando desafían a las industrias extractivas y los mega proyectos.
Después de casi 900 días en custodia, los defensores del río Guapionol fueron liberados, después que una resolución de la Corte de Constitucionalidad que declarara la nulidad del juicio contra los defensores.
El 24 de febrero del 2022 es histórico porque demuestra la resistencia y firmeza de los defensores ambientales y de las comunidades, organizaciones y organismos que se mantuvieron unidos en la lucha por la defensa del agua. Con la prohibición de la minería a cielo abierto, el gobierno de Honduras escribe una nueva fase y marca un antes y después en la explotación y defensa de los bienes naturales y del derecho de los pueblos de conservar el agua y sus territorios.
