La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó este sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.
El informe fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.
Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
La presentación del informe se hizo en modalidad virtual a través de la página de Facebook de Radio Progreso, durante la presentación virtual, el único de los autores del informe que estuvo presente fue Ainhoa Montoya, investigadora de Shool of Advanced Studies de la Universidad de Londres, Reino Unido.
Ainhoa Montoya dijo durante la presentación que “el informe que presentamos hoy es el resultado de la delegación internacional que organizó la Alianza Centroamericana contra la Minería sobre las actividades de la empresa Inversiones los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, a quien otras investigaciones han vinculado con el narcotráfico”.
Montoya revela que fueron invitados a participar cuatro profesores de Canadá, EE. UU, Reino Unido y una voluntaria de Derechos Humanos canadiense, después se dedicó a la recopilación de documentación y testimonios.
“Recomendamos a la comunidad internacional para que presione al gobierno hondureño para que permita una consulta libre, previa e informada”, dice Montoya.
Ainhoa Montoya fue acompañada por Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, el abogado Edy Tábora, defensor de derechos humanos, Louse Casselamn quien es representante de Common Frontiers, Fondo de Justicia Social, Public Service Alliance of Canada, así como Manuel Pérez Rocha, director del proyecto Comercio y Minería, Instituto de Estudios Políticos e IPS en Washington, DC.
En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.
El abogado Edy Tábora dijo que en el informe quedó demostrado que estos proyectos representan a concesiones que se han hecho de formas ilegales, mediante procesos que para criminalizar a los defensores han utilizado pruebas falsas, mecanismos contrarios a la Constitución de la República.
“Hemos logrado sistematizar todos los ataques y presentar todas las denuncias respectivas contra el derecho de asociación y la libertad de expresión”, explica el abogado Tábora.
También se denunció que los gobiernos de la región han utilizado la Covid-19 para criminalizar la lucha, suspender selectivamente los derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo se expone que se intensificó el andamiaje institucional que facilita el despojo de los bienes comunes y se consolidó el modelo económico extractivista.
Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.
Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.
Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.
Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
El informe advierte que la vida de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno sigue en riesgo y que los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.
Original: CriterioHN
