De acuerdo a Jhonny Rivas, quien es parte de la Plataforma Regional Agraria del Aguán, la zona del bajo Aguán (río de Honduras) ha sido acaparada por parte de familias terratenientes vinculadas a la corporación Dinant.
Esto se ha traducido en exclusión para el campesinado de la zona; que ha ido perdiendo sus tierras para el cultivo de subsistencia y alimentación. Junto al cultivo epidémico de la palma, han aparecido además otros problemas, como la dificultad para el acceso al agua debido a la demanda que hace este cultivo del vital líquido. Pero quizá el costo más grande es el social.
¿Cuál es la organización a la que usted representa y qué situación están enfrentando en la zona del Aguán, en Colón?
-La Plataforma Regional Agraria del Aguán es la estructura que acoge a todas las organizaciones campesinas de la región. El Aguán en los 70 fue asignado para procesos de reforma agraria y en los 90 (1992) a través de los ajustes estructurales a países débiles del Banco Mundial se impuso la “Ley de modernización y desarrollo del sector agrícola”, que permitió que corporaciones terratenientes acapararan la tierra que había sido asignada para campesinos a través de reforma agraria. Con esta Ley, que es contradictoria a los artículos 344 y 350 de la constitución hondureña, es cuando se creó el problema estructural, y hoy tenemos una enorme crisis agraria y alimentaria que ha venido sucediendo desde hace más de 20 años. Se dio todo un proceso de ocupación de tierras por parte del estado, lo que permitió toda una serie de acuerdos que hasta el momento el gobierno no los ha cumplido, como entrega de tierras, proyectos sociales; peor esto no lo han cumplido los gobiernos (posteriores al golpe).
¿Estos acuerdos con los campesinos fueron posterior al golpe?
Las recuperaciones se dieron en 2009, en pleno golpe de Estado. Los acuerdos se firmaron el 13 de abril de 2010 que consistían en la entrega de 12,500 hectáreas de tierra (a campesinos). De estas únicamente ocupamos 4 mil; pero aún con esos acuerdos no se cumplía con toda la demanda del sector campesino; porque en esta región la familia Facussé tiene acaparado alrededor de unas 22 mil hectáreas de tierra. Ellos son los propietarios de la corporación Dinant, que en Centroamérica es un emporio enorme. En todos los supermercados centroamericanos va a encontrar productos Dinant; pero que muchos de estos cuestan sangre de campesinos. Estos productos son como margarina, “churros”, o aceite, como el aceite Mazola en Honduras.
¿Estos productos están relacionados con las plantaciones de Palma Oleífera?
Las plantaciones de palma es la materia prima; luego esto es llevado a una planta extractora de aceite, después el aceite crudo pasa a otra fábrica de refinamiento (incluso se hace de jabón) donde es transformada en este tipo de productos. Pero estos proyectos el Estado los denominó para la Reforma Agraria, es decir para los campesinos; pero en los 90 los grandes poderes económicos vieron que era una amenaza porque era un proceso de desarrollo, vieron que era una amenaza tener todo esto en manos de campesinos e inicio el proceso de contrarreforma agraria, desde el 5 de marzo de 1992, que fue cuando se aprobó la “Ley de modernización y desarrollo del sector agrícola” y entonces se retrocede. Hasta entonces a esa región se le llamó “el granero de Centroamérica” porque producíamos lo que consumíamos y hasta vendíamos el excedente. Ahora importamos un 70% de lo que consumimos. Esto significa un retroceso productivo.
¿Estas tierras que han apropiado estas familias se están utilizando para el monocultivo?
Están siendo inundadas por monocultivo de palma, lo que sabemos que es altamente nocivo para el medio ambiente. Sabemos que la palma consume diariamente unos 20 litros de agua, según estudios científicos que hemos conocido recientemente, y esto tiene un impacto directo en el medio ambiente y lo más sorprendente es que estas corporaciones terratenientes han tenido financiamiento del Banco Mundial, y esto ha sido una lucha fuertísima que hemos tenido para parar el financiamiento del Banco Mundial para corporación Dinant desde 2014, cuando la CAO (Compliance Advisor Ombudsman) el organismo que audita a los clientes de la Corporación Financiera Internacional dio un informe muy crítico a estos proyectos; pues se identificó que no estaban cumpliendo con el respeto a los derechos humanos, ni con el respeto al medio ambiente, tampoco con el deber social.
Esas son las tres líneas que el ente financiero exige para que se dé el financiamiento y ninguno de esos 3 se estaban cumpliendo. Entonces se ha iniciado todo un proceso desde el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional para poder limpiar la imagen de esta corporación, algo que no ha sucedido. Recientemente las organizaciones campesinas han iniciado su proceso de recuperación y ha habido represión. Tenemos compañeros heridos. Un compañero que fue herido este lunes por la mañana (Lunes 24 de agosto) y se ha reflejado que la guardia de seguridad está armada y estas corporaciones terratenientes gozan del respaldo total del Ejército Hondureño. No cabe duda que estas corporaciones apoyaron y respaldaron en aquel momento el golpe de estado y hoy tienen todo a su favor e incluso en algunas de las fincas hay destacamentos militares dentro de las fincas, lo que nos tiene muy preocupados porque estos últimos días ha habido ocupaciones de tierra en fincas y estamos a la espera de lo que pueda pasar. Cualquier represión puede ser fuerte, y es la vida de los compañeros.
¿Cuál es la extensión del territorio donde está sucediendo esto; porque ya me comentaba que unas 4 mil hectáreas los tenían los campesinos que han logrado a través de acuerdo; pero la familia Facussé tiene 22 mil; entonces en total cuanto es el territorio que ha sido expropiado a los campesinos?
De esas 22 mil hectáreas estamos hablando solo de la familia Facussé; pero hay un terrateniente de origen nicaragüense, que es René Morales, cuyas tierras tienen una extensión de 7 mil hectáreas; está la familia Reynaldo Canales, de origen salvadoreño al parecer, tiene alrededor de unas 4 mil hectáreas. Son tres corporaciones terratenientes que tienen acaparado el valle de la tierra productiva. En ese sentido es donde han excluido y expulsado a la población campesina. Toda esta tierra es de reforma agraria y nunca debieron ocuparla personas que no cumplieran el requisito de la reforma agraria; y ellos son de nacionalidad extranjera, no son personas dedicadas al trabajo de campo…
Y tampoco lo utilizan para consumo propio.
Claro, y tampoco debió haber sido traspasado a terceras personas en esas condiciones. Ha habido lucha legal por ejemplo con documentos y se ha demostrado que no son legales las compras ventas.
Cuando ustedes llevan este tipo de instrumentos legales ¿qué mecanismo siguen y que respuestas han obtenido en Honduras? ¿quién es el ente rector?
Un caso que fue muy reconocido fue el de la Cooperativa Trinidad, la Cooperativa El Despertar y la Cooperativa San Isidro, en el que el abogado Antonio Trejo puso una demanda en el Tribunal de Justicia. Duró décadas el juicio para lograr ganarlo judicialmente, en junio de 2012 a los compañeros se les dio posesión a través de un fallo del tribunal, para alrededor de unas 2,200 hectáreas de tierra. A pesar que era un fallo firme, fue manipulado, con el poder económico de los terratenientes y comenzamos a manifestarnos para que fuera respetado y lo que encontramos fue cárcel, fuimos encarcelados en agosto de 2012, mi persona, el abogado y otras 25 personas. Y el abogado Antonio Trejo fue asesinado el 22 de septiembre de 2012, o sea un plan muy claro, pues como él conocía muy bien la estrategia de defensa y por ello fue asesinado. Nosotros denunciamos que el plan del asesinato tenía como objetivo despojar a los compañeros de la Tierra, y 12 meses después despojaron a una cooperativa, aunque ya la había obtenido de forma legal con un tribunal, y 8 meses después, a los 20 meses del fallo, desalojaron a otra cooperativa. Esas son las respuestas que hemos tenido al ganar un fallo favorable a los compañeros, desde allí podemos ver el tipo de justicia que tenemos y en contra de quien estamos luchando.
En el Aguán hemos tenido un centenar de compañeros asesinados. Por ejemplo en el 2016 se dieron dos casos de asesinato a compañeros, actos que tenían que ver directamente con operaciones de impacto psicológico, o sea que no es un simple asesinato, es meter terror. Se ejecutó por ejemplo a los compañeros Manuel Milla y Allan Martínez, dos jóvenes dirigentes de una empresa campesina en un campo de fútbol, donde habían más de 50 personas presentes y se les asesinó en público, y la persona que ejecutó a los compañeros, salió caminando tranquilamente y entró en una finca que pertenece a corporación Dinant, que es donde hay fuerzas militares. No ha habido capturas y todo mundo miró, y las autoridades allí muy cerca. Luego el 18 de octubre de 2016 asesinaron a José Ángel Flores, presidente de MUCA, una de las organizaciones fuertes del Aguán, y a Silmer Dionisio George, ambos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y fueron asesinados de igual manera, en presencia de unos 40 compañeros, al salir de una reunión. Hubo denuncias, hay órdenes de capturas; pero no hay capturas. Creemos que es un grupo de paramilitares que protege a los terratenientes y con el conocimiento del Estado y aún con eso la organización se mantiene y se fortalece porque en ese contexto aún continúan los compañeros con el espíritu y el deseo de conquistar el territorio pero estamos sumamente preocupados, porque al parecer hay toda una estrategia para poder criminalizarnos.
Se ha visto que en Honduras se quiere crear un instrumento legal para criminalizar la protesta pública, quisiera que me ampliara sobre eso y me dijera como esto viene a afectar todas las expresiones de búsqueda de justicia por parte de las personas campesinas.
En Honduras el marco jurídico que se ha venido impulsando desde el gobierno anterior ha sido fatal, con todo un paquete de leyes que tiene que ver con la concesión de todos los bienes y recursos naturales como la Ley de minería, la ley de las zonas especiales de desarrollo energético, la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y esto se aprobó cuando el señor Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso y hoy que es presidente del Estado impulsa esta ley antiterrorista que es el marco jurídico en el que busca garantizar que las leyes anteriores se cumplan, y cuál es el objetivo de estas leyes; bueno, es beneficiar la agenda de los organismos financieros internacionales y tenemos un claro ejemplo en el COPINH en Río Blanco, donde incluso asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, y donde el financiamiento que había era internacional. Esto sigue en el país, a pesar que la población ha manifestado de no estar de acuerdo en estos proyectos impuestos. Recientemente, el 18 de julio el BID anunció que estará depositando 20 millones de dólares para la zona de desarrollo económico en Colón, y yo soy de Colón y en ningún momento ha habido ningún ente consultando a las comunidades.
¿Son proyectos que pasan por encima de las leyes?
Exactamente, son proyectos impuestos porque no se cumple el mecanismo y cuando hay lucha social entonces tienen el marco jurídico que es esta ley antiterrorista y el nuevo Código procesal penal se ha estado reformando para coartar la libertad de manifestación pública para criminalizarlos y acusarlos de terrorismo
¿Esta ley ya fue aprobada?
Sí, está en discusión algunas reformas todavía porque hay mucho trabajo social organizativo que está demandando cambios, hay muchos artículos que es evidente que lo que buscan es criminalizar la protesta pública.
¿Qué organismos internacionales o también nacionales tienen como aliados en esta lucha?
El Aguán es una zona que desde hace 7 u 8 años ha sido muy reconocida por la lucha por el acceso a la tierra y eso nos ha llevado a salir de las fronteras y desde el 8 de mayo de 2014 tenemos medidas cautelares para más de 100 compañeros y compañeras y hubo ampliación de estas medidas el 6 de diciembre de 2016, lo que significa que en vez de mejorar las condiciones han ido empeorando. Yo soy copeticionario de estas medidas, así como otros compañeros y estamos sumamente preocupados porque el Estado no está cumpliendo con las recomendaciones que da la CIDH. Otro ente muy cercano a la lucha es el Alto comisionado para las Naciones Unidas de Honduras. Hemos estado en permanente comunicación de este organismo.
¿Y en el interior del país la Defensa de los derechos humanos está trabajando con ustedes?
Las instituciones de gobierno en vez de buscar alianzas más bien nos criminalizan. Por ejemplo, esta semana el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) declaraba que Jhonny Rivas era el responsable de lo que estaba pasando en el Aguán. También lo decía un exasesor presidencial Marvin Ponce, o sea desconociendo totalmente la responsabilidad del marco jurídico y responsabilizando a una persona que ni siquiera está en el país. Una situación meramente absurda. Nosotros hemos hecho propuestas a los diferentes organismos del Estado; como por ejemplo una propuesta para la protección de los compañeros que la hemos venido renovando desde 2014 y hasta hoy no encontramos respuesta política del gobierno para poder discutir con madurez y responsabilidad este tipo de propuesta.
¿Cuantas son las personas o familias que se ven afectadas con esta situación?
El Aguán comprende unas 120 empresas asociativas campesinas que están exigiendo legalidad en sus tierras que ocupan, asistencia técnica y crediticia; y será una población de un aproximando de 30 mil a 32 mil familias. Es una población muy importante y el estado la ve de forma individua porque su lógica es dividir, debilitar y destruir la organización.
Ahora, el daño medioambiental del cultivo de la Palma, ¿Cómo se traduce en las familias que están alrededor? ¿Qué significa tener a la palma como vecino a mí que soy campesina, por ejemplo?
Hay comunidades como la comunidad de Panamá en el municipio de Trujillo, donde se mire está rodeada de palma. Dinant se dedica a soterrar lagunas naturales, e incluso a cerrar boquetes del Aguán crecido que sirve como desagüe… este tipo de acciones está provocando que se ponga más vulnerable la comunidad en caso de lluvias. Y en lugares como el sector de Quebradas de agua, donde está cerca la planta extractora, hay contaminación; porque todos los desechos de este tipo de fábrica son arrojados en algunos canales de alivio o algunas quebradas. Eso es una contaminación directa a la población; y por otro lado afectandebido a que está inundando los territorios únicamente de palma y olvidando la subsistencia como el maíz, frijol, yuca o plátano, a pesar que la misma constitución en el artículo 247 manda que el Estado de Honduras debe de orientar su sistema productivo a garantizar los productos de subsistencia diaria de la población. Así textualmente lo dice. Pero desde los organismos internacionales hay apoyo económico para esos enormes cultivos de la palma, no así para la producción de alimentos.
¿No existe ningún instrumento legal que garantice el derecho humano al agua y la alimentación en Honduras?
Se ha estado discutiendo esta Ley de seguridad alimentaria, pero más que el marco jurídico, la práctica de lo que se está haciendo es muy negativa. El gobierno sigue trabajando por un sistema de acceso a tierra, un famoso de Banco de tierra, que en la práctica es como poner la tierra en el mercado que en la práctica es como ponerla en el mercado, no una política agraria. En ese sentido al ir concentrando tierras ejidales nacionales o fiscales, los que van a ir comprando van a ser los que tengan plata, es decir las corporaciones. Esto no nos da ninguna solución, ninguna salida a los campesinos para que realmente haya justicia
¿Qué acciones van a continuar realizando?
Pues, primero exhortamos a los pueblos salvadoreños, latinoamericanos a estar pendientes, el llamado a estar pendientes a lo que pueda pasar en el Aguán, a organismos defensores de derechos humanos de diferentes latitudes en esta lucha en la defensa de los territorios que va desde el extractivismo hasta la extensión de los monocultivos. Así como también pedir esta solidaridad a estarse pronunciando en contra de los acontecimientos que se dan con respecto a nuestra lucha allá en el Aguán.
Dentro del país ¿que otras organizaciones sociales están articuladas con ustedes o les están apoyando?
En honduras hay un movimiento social fuerte que es la plataforma de los movimientos sociales y populares, que es donde se encuentra OFRANE, que es un movimiento muy fuerte en defensa de los pueblos, el COPINH, el Sector estudiantil que está sufriendo una fuerte represión en este momento y organizaciones de diferentes lugares del país, unas 30 organizaciones que estamos haciendo la lucha en contra de ese sistema extractivista Ese sistema que está criminalizando la manifestación pública en Honduras.
En el contexto de esta entrevista, en la zona del Aguán ocurría una nueva estrategia de criminalización del movimiento campesino. La Plataforma Agraria del Aguán denunció la criminalización de campesinos y campesinas de la recuperación de la Finca Paso Aguán, en Trujillo, municipio de Colón. De acuerdo a la denuncia, elementos militares ubicados en dicha finca apuntaron a los campesinos de la empresa asociativa Gregorio Chávez, que ingresaron a la recuperación.
Esto ocurrió el 27 de agosto. Los campesinos se alejaron del lugar, de acuerdo a la información de la plataforma, para evitar represión hacia mujeres y personas de la tercera edad. No obstante, al día siguiente se denunció el asesinato de dos elementos de la guardia de seguridad de la finca.
Así mismo, el 28 de agosto, familias de la empresa campesina Nuevo Evenecer recuperaron pacíficamente la finca Remolinos, con documentos legales que indican la propiedad de la misma a nombre de las cooperativas campesinas; y que ha sido ocupada ilegalmente por la corporación Inversiones Ceibeña, propiedad de Reinaldo Canales. En este proceso, la seguridad de la finca disparó contra los campesinos, hiriendo a Edgardo Rodríguez.
La Palataforma Agraria denuncia que con estas acciones y el asesinato, aún no investigado, de los elementos de seguridad, se quiere criminalizar e inculpar a los campesinos; como una nueva forma de impedirles exigir el acceso a las tierras. Incluso, denuncian infirlatración de sicarios para criminalizar al campesinado, por lo que han solicitado a a la Embajada de los Estados Unidos y la UMVIBA la intervención del equipo de médicos forenses de Guatemala que se encuentra en el Aguan, para que se realice una investigación exhaustiva y profesional del asesinato de los guardias de seguridad, y también que investigue a los guardias de seguridad de la Empresa Inversiones Ceibeña.
Noticia Publicada en Vanguardia
Ver enlace original: Criminalización de la lucha campesina, fruto del monocultivo de palma en Honduras
