La primera parte de este reportaje, Indígenas en Colombia (I): entre las masacres los desplazamientos y el narcotráfico, abordó la violencia contra las comunidades indígenas en ese país.
La primera parte de este reportaje, Indígenas en Colombia (I): entre las masacres los desplazamientos y el narcotráfico, abordó la violencia contra las comunidades indígenas en ese país. El segundo trabajo, Indígenas en México y Perú (II): entre el miedo, los despojos y la criminalización, relató como los casos de sicariatos, peleas por territorio y restricciones gubernamentales han recrudecido la realidad de estos pueblos. Ahora, abordaremos de las realidades que viven las poblaciones originarias en dos países centroamericanos. En Guatemala y Honduras. estas comunidades son víctimas constantes de represión, despojos y secuestros. Pero, también de la criminalizaciń y el abandono por parte del Estado.
En términos generales, la violencia contra las comunidades indígenas de América Latina ha recrudecido en 2020. La pandemia de la COVID-19 es hoy un factor determinante en el incremento de los índices de este flagelo.
Guatemala: indígenas sufren despojos y represión
En el referido reportaje, Rigoberto Juárez habla sobre la realidad indígena como una mezcla de convencimiento y terror: “Hemos sufrido una escalada de despojos violentos”.
Juárez es el líder ancestral del gobierno plurinacional de occidente, autoridad territorial para las nacionalidades indígenas de Guatemala q’anjob’al, chuj, akateco y popti, en el departamento de Huehuetenango.
Estos son algunos de los 23 grupos indígenas que hay en Guatemala. Juárez dice que el Gobierno ya entregó 27 licencias para mineras y 23 para hidroeléctricas que operarán sobre sus territorios. Por eso lo abruma la posibilidad del exterminio de sus culturas, de sus ideologías e, incluso, de sus vidas.
El coordinador general de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), Pedro Santos, reafirma que hay una estrategia detrás de la expropiación violenta de tierras, mediante mecanismos extrajudiciales, y la ausencia del Estado para proteger a los pueblos indígenas.
Esto responde a un modelo de desarrollo que, además de hidroeléctricas, apuesta por monocultivos, minería y grandes infraestructuras que se implementan sobre comunidades indígenas.
Al respecto, Juárez indica que en el curso de la pandemia se ha dado un incremento de amenazas, persecución, lesiones y asesinatos. Y eso ocurre precisamente en los lugares donde se ubican los megaproyectos.
El Estado contra las comunidades indígenas
Agrega Juárez que en los territorios ancestrales intervenidos por el Estado aumentan los casos de criminalización. Eso incluye el encarcelamiento de indígenas que se oponen a los proyectos en defensa de sus tierras.
Las restricciones a causa de la pandemia, remarca Pedro Santos, anulan para las organizaciones nativas la posibilidad de organizarse. Igual ocurre con su deseo de gestar un proceso de solidaridad mediante protestas. “Hay un aprovechamiento para profundizar la violencia contra los derechos humanos”, dice.
En 2019, Udefegua registró 494 agresiones en contra de defensores de derechos humanos, de las cuales 111 fueron ataques a indígenas que protegían sus territorios.
Entre enero y junio de este año, la ONG reportó 677 agresiones, también en el rubro de defensores. Sin embargo, aún no se desagrega cuántas involucraron a indígenas.
Al respecto, Santos explica que la cadena de desalojos durante la expansión del coronavirus dispararía las cifras de agresión en comparación con 2019.
Según detalla, dos de los despojos más violentos se han producido en las comunidades Washington y Dos Fuentes. Allí más de 80 familias de la etnia q’eqchi resultaron afectadas: hubo dos intentos de asesinato, la criminalización de un dirigente y la desaparición forzada de otro, identificado como Carlos Coy.
Además, el coordinador de Udefegua anota que se están utilizando estados de excepción, en el contexto de la pandemia, para generar procesos de represión y control social de los grupos indígenas, y en particular de la población q’eqchi.
De acuerdo con la documentación de Udefegua, en 2020 al menos ocho indígenas de distintas nacionalidades o grupos étnicos guatemaltecos han sido asesinados. Con ello, se igualó la cantidad registrada en 2019.
En cuanto al impacto del COVID-19, Santos refiere que el Estado tiene graves cuestionamientos sobre la difusión de cifras de contagiados.
Incluso, no existe un apartado que contemple a la población indígena. Su referencia más puntual es que los departamentos más golpeados —Izabal, San Marcos y Huehuetenango— son los que mayores comunidades nativas concentran.
Honduras: secuestros y criminalización
El 18 de julio, cuatro defensores medioambientales de la etnia garífuna fueron secuestrados en la comunidad de Triunfo de la Cruz, por un grupo de hombres armados. Los familiares de las víctimas denuncian que los secuestradores vestían uniformes de la policía.
Berta Zúñiga, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sostiene que hasta ahora no hay voluntad del Estado en dar una explicación sobre el paradero de los defensores. Tampoco se refieren a la utilización del sistema judicial para perseguir a quienes están defendiendo su territorio.
Los secuestrados se oponían a la imposición de proyectos turísticos en la región costera de Honduras, donde su etnia está asentada. Pero, ese es apenas uno de los problemas que enfrentan los nueve pueblos originarios del país centroamericano.
Otros tienen que ver con las concesiones de sus tierras para la implementación de proyectos mineros y de generación de energía. Una situación que, de acuerdo con Zúñiga, se ha acentuado en este periodo de propagación de la COVID-19.
“Hay un irrespeto sistemático a la libre determinación de los pueblos y su derecho a la consulta previa”, denuncia la lideresa, quien advierte que mientras se vulneran los derechos de los indígenas, se aprueban megaproyectos que obtienen salvoconductos o permisos medioambientales en solo 15 días.
Las comunidades indígenas se enteran de las grandes construcciones sobre sus suelos cuando ya los proyectos están en proceso. El Copinh trabaja directamente con los indígenas de la etnia lenca, un pueblo que ha enfrentado la construcción de proyectos hidroeléctricos en su territorio.
Desplazamientos y represión del Estado
En marzo de 2016 fue asesinada la ecologista Berta Cáceres, madre de Berta Zúñiga. A ella la mataron por defender su comunidad contra uno de estos proyectos.
Hoy, la comunidad lenca afronta también amenazas por proyectos eólicos y fotovoltaicos. Para eso, precisa Zúñiga, se utiliza el mismo protocolo de ocupación y violación del derecho de consulta previa.
“Es un patrón que los proyectos se implementen contra la voluntad de las comunidades y utilizando a las fuerzas de seguridad del Estado”, dice.
En la región de Yoro, la organización que registra los conflictos en el pueblo tolupán es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Para los tolupanes, la minería en su territorio tiene larga data y un registro sangriento. En agosto de 2013, tres de ellos fueron asesinados cuando protestaban contra las excavaciones. En febrero de 2019 dos murieron acribillados, y en setiembre del mismo año el cadáver de otro tolupán apareció en una fosa común.
Como la expansión del coronavirus, indica David Alachán, miembro del MADJ, en Honduras también se ha agravado la entrega de bosques del pueblo tolupán, las amenazas y la injusta criminalización a los indígenas.Por ejemplo, explica Alachán, el tolupán, Amado Cabrera, y otros ocho indígenas de esa etnia han sido criminalizados por una empresa maderera que explotaba el bosque de la población indígena San Francisco Locomapa sin consulta previa.
Impunidad e irrespeto al medio ambiente
“La impunidad sigue siendo el principal abono que encuentran los asesinos de luchadores sociales en Honduras”, opina David Alachán. Añade que, en los últimos siete años, 10 tolupanes han sido asesinados por oponerse a la explotación minera y a la extracción inconsulta de madera.
Para Ben Leather, de Global Witness, con la expansión de la COVID-19 hubo un incremento en las tácticas utilizadas por los Estados y las empresas para reprimir a los defensores de la tierra y el medioambiente.
En esta evolución de métodos, el asesinato configura el punto más fuerte para silenciar a quienes alzan la voz en defensa de sus territorios.
En este desarrollo de estrategias, explica Leather, la criminalización de indígenas y los desplazamientos forzosos se han convertido en prácticas bastante eficaces para desarticular comunidades y congelar sus actividades de protección o protesta.
«Mongabay Latam intentó obtener la versión de las autoridades de los países que han registrado los hechos de violencia descritos contra las poblaciones indígenas en lo que va del año, pero hasta el cierre del informe no obtuvimos respuesta», explica el medio.
Original: El Ciudadano
