El gobierno de Jimmy Morales vincula al narcotráfico y a comunitarios y los responsabiliza del confuso y aún incomprensible asesinato de tres soldados del ejército en la aldea Semuy II en El Estor, Izabal, y decidió declarar estado de sitio por 30 días en 22 municipios de cinco departamentos del norte y oriente del país, una zona marcada por una conflictividad social propiciada por megaproyectos como la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), hidroeléctricas, empresas petroleras en Petén y la industria del monocultivo de palma africana en las Verapaces.
Tan solo un día después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), finalizó su mandato en el país, Jimmy Morales sin necesidad de vestirse de militar (como en otras ocasiones), reafirmó su compromiso con los intereses del ejército. Es cierto que tres soldados fallecieron en condiciones que aún no han sido esclarecidas y que la versión oficial atribuyó este hecho a la “lucha contra el narcotráfico” cuando una patrulla de nueve soldados seguía el rastro de una avioneta cargada de droga, en el Valle del Polochic, en la aldea Semuy II de El Estor.
El presidente aprovechó el espacio para intentar convencer a la población de que este hecho muestra la necesidad de equipar al ejército con aviones, como lo intentó hacer hace tres meses, adquirieron los dos Pampa III argentinos por $28 millones, saltándose el proceso administrativo que la ley dicta.
Morales en el discurso que leyó en la conferencia, aseguró que pudieron constatar que la muerte de los soldados es responsabilidad de “pseudo campesinos y pseudo defensores de derechos humanos” que protegen pistas clandestinas de narcotraficantes, pero no explicó las contradicciones del propio gobierno, como la versión de Oscar Pérez, vocero del Ejército, que la tarde del 3 de septiembre aseguró que los soldados fueron asesinados con fusiles ak-47 y un día después el mismo ejército afirmó que los militares fueron asesinados con sus propias armas, las cuales fueron localizadas en matorrales de la empresa Naturaceites por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). O que la versión oficial asegura que los militares iban en lancha en el Lago de Izabal, cuando la comunidad donde murieron está sobre la montaña y los comunitarios aseguran que los militares estaban desplazándose en un picop.
Bajo la justificación de establecer orden en esta área, Jimmy Morales decretó un estado de Sitio que le permitirá, por medio de las fuerzas de seguridad, realizar capturas sin necesidad de órdenes judiciales y restringir derechos Constitucionales como la libertad de locomoción y la libertad de acción. Esto no solo en el lugar de los hechos, sino en 21 municipios de Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Zacapa y El Progreso, algunos a más de 150 kilómetros de distancia del lugar del incidente. Muchos de estos lugares han sido llamados por el gobierno y las cámaras oligarcas, en sus discursos sobre desarrollo, como “ingobernables” porque las comunidades de estos territorios se resisten a la imposición de megaproyectos de diversos tipos.
El estado de Sitio cobrará vigencia en El Estor, Panzós, Senahú y Cahabón, los cuatro municipios, donde la minera a cielo abierto CGN propiedad de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group, poseen la licencia de explotación “Fenix”, actualmente suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC), por obviar el proceso de consulta.
Además en Cahabón, recientemente los comunitarios rechazaron la construcción de la Hidroeléctrica Oxec III. En Purulha Baja Verapaz, opera la hidroeléctrica Montebello en el Río Manzanas, en el municipios de Gualán Zacapa, actualmente una empresa extrae madera, afectando la vida de los pobladores de la aldea La Trementina en Zacapa quienes sufren de escasez de agua. En San Miguel y San Agustín Acasaguastlán en El Progreso también operan otras madereras industriales. La suspensión de garantías también será implementado en San Luis Petén, a 150 kilómetros del lugar del asesinato de los 3 militares, en este municipio hasta el año 2016 la empresa Petro Energy extraía petróleo, según un reportaje del medio digital Plaza Pública.
La nueva oleada de militarización
La periodista canadiense, Dawn Marie Paley, en su libro “Capitalismo Antidrogas una guerra contra el Pueblo” (2018), explica que el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP), cambió la justificación para militarizar territorios indígenas que durante 36 años de conflicto armado se trataba de “combatir el comunismo” y los pueblos originarios fueron víctimas de genocidio y desplazados de sus tierras (ideales para megaproyectos), ahora la excusa reinante es combatir el crimen organizado.
Paley en el 2012 entrevistó a Iduvina Hernández, defensora de derechos humanos, quien explicó que el gobierno de ese entonces estaba integrando al ejército en actividades de seguridad ciudadana y construyendo bases militares en áreas de conflicto social y cita como ejemplos San Juan Sacatepéquez, donde las comunidades mantienen una resistencia pacífica contra el monopolio cementero y el caso de Panzós y El Estor quienes lidian con la CGN, empresa que ha sido acusada de violaciones a derechos humanos.
Esta situación guarda similitudes con el escenario que se vive con el gobierno de Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), particularmente en el caso del asesinato de los tres soldados. Porque un estado de Sitio permite el desplazamiento de policía y ejército a lugares donde han sido rechazados por su complicidad con los megaproyectos y congela garantías Constitucionales, en lugares altamente conflictivos, acción comparable con lanzar un fósforo a un tanque de gasolina.
Jimmy Morales aún tiene cuatro meses de gobierno por delante. La decisión del estado de Sitio, ha sido respaldada por el alcalde de El Estor, Rony Méndez, quien abiertamente ha apoyado a la CGN, también la Cámara de la Industria y la Cámara del Agro pidieron al gobierno actuar en este área y antes de que Morales emitiera el decreto 01-2019 con el que da vida al estado de Sitio, 89 diputados del Congreso exhortaron al presidente para que tomara esta medida, lo apoyaron los legisladores del bloque oficial e incluso la propia Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), este 5 de agosto el Congreso podría ratificar el decreto para que este tome vigencia.
Original: Prensa Comunitaria
