La organización Alianza por la Solidaridad, en el marco de su campaña TIERRA, impulsó la investigación “Destierrradas, visibilizando luchas y resistencias de Defensoras de Derechos que afrontan conflictos socio- ambientales en Guatemala y El Salvador”, en la que se hace eco de las realidades de mujeres que han asumido el vínculo con sus territorios, sus culturas y su cosmovisión, desafiando al sistema al defender lo que por ley les pertenece.
En Guatemala, como en otros países con el mismo modelo económico, el Estado prioriza los intereses de las empresas transnacionales y la oligarquía, postergando la plenitud colectiva, sobre todo de las poblaciones indígenas. “Es triste ver que unas cuantas personas sólo ven el bienestar propio y no el futuro de los demás, mucho menos de las comunidades, pero hay quienes queremos lo mejor para Guatemala y luchamos, arriesgándonos a toda costa”, menciona Lesbia, defensora de San Rafael Las Flores, luego de apuntar que la llegada de Alejandro Giammatei a la presidencia pone nuevamente en vilo los logros alcanzados hasta la fecha, como la detención de operaciones y cierre indefinido de algunas multinacionales, debido a la afinidad del gobernante con el sector empresarial.
Resistir, frente a todo
Intimidaciones, ruptura del tejido social y familiar, migración forzada, criminalización, ataques físicos o con arma de fuego, persecución y falta de oportunidades laborales, son solo algunas de las agresiones que experimentan las personas defensoras de derechos humanos.
El Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos señala que “entre 2015 y 2016 se contabilizaron en la región 2 mil 197 agresiones”, de las cuales 231 fueron reportadas en Guatemala.
Según el estudio presentado –Destierrradas-, en 2017 se reportaron 312 asesinatos de personas defensoras, en 27 países. Del total de casos, el 67 por ciento correspondía a luchas por posesión de tierras, derecho al agua, medio ambiente y derechos de pueblos y culturas indígenas. Lo más alarmante es la escasa respuesta de los órganos de seguridad de los estados, que solamente intervinieron en el 12 por ciento de los hechos con arrestos de personas sospechosas, pese a que el 84 por ciento de las y los afectados denunciaron amenazas de muerte previas.
Por su lado, Front Line Defenders señala que fueron asesinadas 304 defensoras y defensores en 31 países, durante 2019; el 13 por ciento, eran mujeres. Para las defensoras, que viven los constantes ataques para desarticular la lucha en protección de los derechos humanos, se suma, además, el componente sexual. Constantemente son cuestionadas por el tiempo que pasan fuera de casa, por su relación con compañeros de las organizaciones y por los reiterados viajes que requiere su labor. Las calumnias las exponen con frecuencia a campañas de desprestigio con las que “los poderosos” intentan acallarlas. Pese a los juicios, muchas de ellas han decidido permanecer en resistencia. “Nos han dicho que somos malas, que cuidemos a nuestros hijos y a los maridos. No me interesa lo que digan. De esta forma he salido adelante y aquí sigo presente”, afirma Carmelina, defensora de San Pedro Carchá, quien además opina que nosotras las mujeres tenemos las mejores herramientas de lucha: la vida y la voz.
Sin garantías
Cuando analizamos el marco legal con el que se buscaría proteger no solo el entorno ambiental, sino que además a quienes lo defienden, nos encontramos con una de las peores problemáticas. La mayoría de las comunidades afectadas por los megaproyectos desconocen sus derechos. Es una clara muestra de la brecha de desigualdad que entorpece la defensa de territorios, sobre todo en un contexto de corrupción e impunidad.
Por otro lado, en Guatemala no existen regulaciones para el resguardo de defensoras o defensores; entretanto, en el ámbito internacional, únicamente se tiene como respaldo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, con el que se ratifica el derecho de los pueblos “a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan…”
Este convenio compromete a las empresas, entre otras cosas, a realizar consultas previas, libres e informadas, antes de instalar proyectos en los territorios, sin embargo, durante el proceso de investigación, las defensoras visibilizaron que, en la mayoría de los casos, las poblaciones no conocen detalles de los proyectos sino hasta que comienza el ingreso de maquinaria y la construcción de las obras.
Ni las Líneas Directrices para empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ni los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos, y tampoco la inclusión de crímenes ambientales entre las competencias de la Corte Penal Internacional de La Haya, han regulado a las hidroeléctricas, mineras y monocultivos.
Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y parlamentarios de la Unión Europea, en 2017 y 2018, sugirieron al gobierno guatemalteco que creara e implementara medidas de protección para personas defensoras, sin embargo, la situación continúa en deterioro. “Nosotras defendemos la tierra, el medio ambiente, mientras ellos autorizan licencias. El Estado y las empresas están en complicidad y nosotras somos las afectadas”, resalta Carmelina.
“Todas las penas, los dolores, las lágrimas que tal vez hemos pasado como mujeres, no deben bajarnos; solo nosotras sabemos cómo hemos sobrevivido, por dónde hemos pasado y qué es lo que queremos lograr”, añade Sofía Tot, defensora poqomchí de Purulhá, quien advirtió que después de todo el camino recorrido, era momento de revindicar la resistencia de todas.
Fotos: Presentación del informe DESTIERRRADAS, Guatemala 2020. Defensoras de ambos países compartieron experiencias y luchas en la defensa de sus territorios. Archivo: Colectivo MadreSelva
- Original: La Cuerda
