Una comunidad perdida entre kilómetros de palma africana de Naturaceites está rodeada de militares. Tras el extraño asesinato de tres soldados hace un mes, el gobierno de Jimmy Morales dijo que era una afrenta del narcotráfico, decretó Estado de Sitio en 22 municipios del país, dejó a una aldea bajo control del ejército y neutralizó la organización comunitaria de toda una región en disputas con megaempresas. Nómada viajó a Izabal y encontró que el Estado de Sitio ha tenido poco que ver con ‘la lucha contra el narco’.
María Cuc Choc, una de las defensoras Q’echí de El Estor, uno de los municipios que estuvo bajo Estado de Sitio. FOTOS: CARLOS SEBASTIÁN
Mapa: Así están las cosas en Izabal
En la zona sur del Lago de Izabal, las comunidades viven bajo la sombra de la palma africana con escasos accesos a servicios públicos. Además, alrededor del lago hay localizadas pistas clandestinas donde supuestamente ocurre el trasiego de droga.
En el pleno del Congreso los diputados discutieron la petición del gobierno de Jimmy Morales de renovar 30 días más el Estado de Sitio en 22 municipios de Izabal, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz y Petén. A diferencia de hace un mes, cuando fue aprobado, esta vez el nombre de la comunidad de Semuy II, el lugar donde fueron asesinados tres miembros del ejército, no se mencionó ni una sola vez.
Los argumentos no incluyeron la búsqueda de los responsables del triple asesinato. No, el Ministro de la Defensa y el Gobierno aseguraron, en cambio, que el Estado de Sitio había permitido supuestas grandes conquistas antinarcóticas.
• 1.4 millones de plantas de coca localizadas
• 223 mil matas de marihuana erradicadas
• 4 narcolaboratorios localizados
• 12 pistas clandestinas destruídas
• 2 kilos y 2 onzas de cocaína (según datos de Gobernación)
Luis Ralda, ministro de la Defensa, presentó los datos en una sesión de jefes de bloque, dirigida por el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar. Los diputados le respondían con felicitaciones para el ejército y el Gobierno, y llamados para continuar la lucha contra el narcotráfico en esa zona.
Ninguno le preguntó en las propiedades de quién estaban las 1.4 millones de plantas de coca o las 223 matas de marihuana, o de los laboratorios clandestinos.
Uno de los campamentos militares instalados en Semuy 2, lugar donde fueron asesinados tres soldados a principios de septiembre.
1. La historia del Estado de Sitio no empezó en Semuy II
Desde mucho antes del Estado de Sitio, fuera de los reflectores de la Ciudad de Guatemala y del resto del país, la codiciada región que une a Alta Verapaz con Izabal y el Caribe era un hervidero de tensiones.
Hace dos años y medio, el 31 de mayo de 2017, Ronny Méndez, alcalde de El Estor, apareció en televisión nacional con aspecto nervioso y consternado. Detrás de él había una alfombra de muebles quebrados y quemados. Días antes un grupo de personas había saqueado e incendiado su casa. En una entrevista con un canal de Albavisión dijo que era la consecuencia de las inconformidades de la población por la contaminación del Lago de Izabal.
La tensión entre los pobladores y las autoridades ha sido alta.
El 27 de ese mismo mes, un pescador murió a causa de un disparo durante una manifestación donde los pescadores exigían la investigación de la contaminación del lago, causada según sus denuncias por la Compañía Guatemalteca de Níquel.
Ha sido tal la permisividad de los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales con la minera CGN que Pérez Molina le había reducido el pago de regalías voluntarias y con Jimmy Morales ninguna autoridad revisa qué extraen de la tierra y qué exactamente exportan a Ucrania.
El gobierno de Jimmy Morales incluso arremetió contra la Corte de Constitucionalidad después de que ésta validara la suspensión que hizo la Corte Suprema de las operaciones de la mina porque no cumplió con el requisito legal de consultar a la comunidad. Tampoco está cumpliendo con la orden de las Cortes de frenar la operación de la minera.
La tensión tras la muerte del manifestante creció en las comunidades y ante la indiferencia de las autoridades, el grupo bloqueó el acceso a la mina durante 12 días y miembros de la gremial de pescadores retuvieron a cuatro trabajadores de esa minera como una medida de presión para que sus demandas fueran atendidas.
– Consideramos que un Estado de Prevención es necesario y urgente para resguardar y tomar el control del municipio. Un Estado de Sitio restringe muchos derechos; en un primer nivel sugerimos un Estado de Prevención, dijo el alcalde Rony Méndez en la entrevista en Albavisión en 2017.
La investigación sobre la contaminación del Lago más grande de Guatemala no tuvo ningún resultado en el Ministerio Público de Thelma Aldana ni en el de Consuelo Porras. Menos en el Ministerio de Ambiente del gobierno de Jimmy Morales, indiferente ante delitos ambientales en la Costa Sur y en Petén.
La gremial de pescadores –con ayuda de medios como Forbidden Stories, El País y Le Monde– envió muestras del agua a Alemania y los análisis detectaron contaminación. En un reportaje de Forbidden Stories, un biólogo especializado dijo que los resultados de los análisis muestran “una clara evidencia de los elementos característicos de las actividades mineras”.
A pesar de eso, siete de los pescadores fueron acusados en tribunales y enviados a la prisión de Puerto Barrios; ahora cuentan con libertad condicional y prohibición para salir del departamento.
Desde 2017 para 2019, las cosas han empeorado para las comunidades y la naturaleza. Y el alcalde Méndez ya no pide Estado de Prevención sino Estado de Sitio.
A finales de julio de 2019 una segunda persona murió luego de ser atropellada por uno de los más de 150 camiones que a diario circulan por el área y que, según la comunidad, transportaba níquel de la CGN hacia Puerto Barrios. El hecho provocó que esa misma noche un grupo de personas quemara 12 camiones de una empresa contratista de la mina. El Ministerio Público abrió expedientes por la muerte de la persona y por la quema de los vehículos. Ninguno de los casos tiene avances.
Al día siguiente de los disturbios después de la muerte del ciudadano, el alcalde Méndez solicitó al gobernador departamental que se implementara un Estado de Sitio para recuperar el control de la zona. La respuesta llegó dos meses después por parte del jefe del gobernador, el presidente Jimmy Morales.
Erick Bosbellí Martínez Reyes, gobernador de Izabal.
2. El Estor en resistencia
El Estor es una zona en donde la tierra es roja y posee tanto minerales como fertilidad por ser una región con lluvias durante 9 de los 12 meses del año. Una región donde las manifestaciones son constantes. Los pobladores desconfían del alcalde y de las instituciones estatales y canalizan muchas de sus demandas sociales a través de bloqueos de las carreteras de paso obligatorio para las mega empresas que operan en la zona. Los requerimientos van desde peticiones de trabajo, resistencia a desalojos, denuncias por contaminación de recursos naturales y reclamos para resolver los conflictos por la falta de certeza jurídica de la tierra.
La relación de la municipalidad con las comunidades es conflictiva. La relación de la municipalidad con la CGN, en cambio, es estrecha.
Mario Porta Navas, quien fue asesor jurídico de la alcaldía, también trabajó como abogado defensor de la CGN en los primeros años de investigación del caso por la muerte de tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala en aguas de la mina. Además, el alcalde Méndez incluso se pronunció a favor de la CGN en la vista pública en la Corte de Constitucionalidad en la que se discutió la continuidad de las operaciones de la mina.
El alcalde Méndez buscó la reelección con el partido Unidad del Cambio Nacional (UCN), del excandidato presidencial Mario Estrada, ahora en prisión en Nueva York por una acusación de conspirar para entregar puertos al cartel de Sinaloa y asesinar a la exfiscal y excandidata Thelma Aldana.
El alcalde Méndez, tan cercano a la mina y tan lejano de las comunidades, quedó en el sexto lugar en las elecciones municipales de junio de 2019. El alcalde electo es Joel Lorenzo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según una investigación de Prensa Comunitaria, el gobernador Erick Bosbellí Martínez también trabajó para la mina, como contratista a través de la empresa Transgondolas del Puerto. En documentos enviados a la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia aparece su nombre abogando por la CGN.
3. Las comunidades y las disputas de propiedad de Naturaceites
Las comunidades de la zona sur de El Estor están rodeadas de los 32 kilómetros cuadrados de las plantaciones de palma de Naturaceites, como la aldea Semuy II. Regadas entre la plantación hay 37 aldeas. La entrada al área es controlada por Naturaceites y la empresa tiene una garita en la que cobra Q50 a los comerciantes que venden sus productos en esas comunidades.
Uno de los principales accionistas de Naturaceites es Juan Maegli, también co-presidente de Cementos Progreso. Él fue uno de los financistas del lobby anti-CIGIG en Washington en 2017, en alianza con el presidente Jimmy Morales, el excandidato Manuel Baldizón y diputados del partido ‘de ideología narco’, UCN. Nómada presentó una investigación con documentos que prueban que Maegli pagó miles de dólares en Estados Unidos para boicotear, junto al gobierno, el trabajo de la Comisión; no obstante, su principal interés no estaba en la CICIG, sino en la zona sur de El Estor, la sede de Naturaceites
Cuando se entrevistó a uno de los operadores del lobby, Fernando Sáenz, por qué alguien como Maegli se unía a la cruzada contra la CICIG, ésta fue su respuesta:
– Él es un empresario fuerte por Cementos Progreso, pero su principal problema es lo que pasa en el Polochic, con Naturaceites (una empresa de palma africana). (Sufre) invasiones, ausencia total de Estado de Derecho, seis policías entre Mariscos y El Estor, que cuando hay invasión en un corte de palma africana no pude llamar a la policía, no los puede sacar. Ese es un lugar de alta conflictividad no solo por invasiones sino porque también es un punto de trasiego de droga que no lo controla nadie.
Dos años después, la narrativa de Sáenz y Naturaceites es la narrativa del presidente Jimmy Morales.
4. Entrevista al subjefe del EMD: “No escogimos a Semuy por los tres asesinatos, sino porque es clave para controlar la zona”
Aunque el Estado de Sitio está decretado para 22 municipios, Nómada viajó por varios municipios desde la Ciudad de Guatemala hacia Puerto Barrios y pareciera que no estaban restringidas las garantías constitucionales, no había puestos de control, tampoco retenes ni presencia militar en las calles. Es solo en el camino entre Puerto Barrios y El Estor que estaban instalados dos puestos de registro que detienen vehículos al azar.
El Estado de Sitio no es perceptible más allá de la aldea rodeada de palma de Semuy II.
Semuy II era desconocida para el país hasta la muerte de tres soldados. Para llegar a esta comunidad hay que pasar por una garita de Naturaceites, conducir otra hora y media por un camino de polvo rodeado de kilómetros de plantaciones simétricas de palma africana.
El centro de operaciones del ejército en el Estado de Sitio que abarca el 6% del territorio nacional está en la entrada de Semuy II. Allí es a donde llegan las personas de las instituciones del Gobierno a enterarse de la situación.
Carpas de acampar, lonas de color verde olivo, tanques militares y decenas de soldados se mueven entre los cultivos. La cantidad de miembros del ejército contrasta con la tranquilidad que se percibe con una decena de niños jugando fútbol frente a la iglesia y tres mujeres que le venden granizadas a los soldados.
A las inverosímiles informaciones sobre plantaciones de coca y la relación de las comunidades con el narco, el presidente Jimmy Morales añadió otra narrativa que va en consonancia con su cruzada contra sus opositores.
– Se constató que muchas personas en esa región han estado vinculadas a actividades del narcotráfico en contubernio con pseudo-defensores de los derechos humanos y pseudo-campesinos que han estado protegiendo y utilizando para el ingreso de narcóticos a nuestro país, dijo en la conferencia de prensa donde anunció el Estado de Sitio.
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Los hechos ocurridos Semuy II fueron el argumento del Gobierno para decretar estado de sitio en todo Izabal y 17 municipios más de Alta Verapaz y Petén; pero allá en Semuy II entrevistamos al general Luis Morales Pérez, subjefe del Estado Mayor de la Defensa y el encargado del Estado de Sitio.
Luis Morales Pérez, subjefe del Estado Mayor Presidencial.
—Toda la atención se centra en esa comunidad, aunque en los alrededores, Nómada entrevistó a pobladores que dijeron sentir miedo de la presencia militar que recuerda a los años del conflicto armado interno.
– Si ustedes miran geográficamente Semuy 2 está entre el centro de la carretera de Mariscos a Telemán, casualmente es el lugar más céntrico. Semuy no fue escogido porque allí sucedieron los hechos, sino porque es el lugar que permite las mayores facilidades logísticas para proveer a todas las unidades las condiciones humanas de trabajo que se requieren, porque es parte del respeto a los derechos humanos de nuestros soldados, brindarles el apoyo logístico para que desarrollen sus operaciones sin necesidad de nada, más que lo que el clima y las operaciones exigen.
— ¿Cómo se acerca el ejército a una comunidad que todavía se siente golpeada por la guerra?
— Eso es parte del todo, las comunidades, esa manipulación de grupos que aún viven del conflicto siguen manejando ese temor que supuestamente tiene la gente, porque yo no he recibido información directa donde la gente diga ‘estamos muriéndonos de miedo porque vienen los soldados’. Lo que pasa es que hay grupos interesados en hacer ver que los soldados son violadores de derechos humanos; siguen viviendo del pasado, eso fue hace treinta años. El temor que tienen las comunidades es porque no han permitido que las instituciones del gobierno lleguen, dijo Morales.
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El asesinato de los soldados, la investigación sobre los hechos y la presencia militar han condicionado la cotidianidad de los pobladores de Semuy II. Las autoridades de la aldea desconfían de la presencia de los periodistas y temen que se tergiversen sus declaraciones y que eso afecte su relación con el ejército y su vecina Naturaceites. Antes de acceder a dar declaraciones a Nómada, el alcalde auxiliar Domingo Mucub Seb, le avisa a un general que hablará con la prensa. El militar le recomienda que fotografíe a los periodistas y grabe. Mucub solo habla q’echí y en su lugar habla Rolando Maas, miembro de la comunidad y traductor al español.
– Desconocemos lo que se ha mencionado de la comunidad, que aquí había una pista clandestina. No tenemos porque la tierra que habitamos es un cerro y hay mucha piedra (...). Le pedimos al presidente Jimmy Morales que ponga la mano en su conciencia, somos gente humilde y trabajadora y no queremos que nos siga acusando en cosas así, aquí solo cultivamos maíz, cardamomo y cacao. Tenemos crianza de tilapias y reforestación, dijo Rolando Maas.
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En la entrada de la comunidad pasan soldados en grupos de seis o siete con toallas en los hombros. Parece que regresan de bañarse. En un campo de tierra un grupo de niños juega futbol, mientras frente a la iglesia evangélica, la única con una planta de luz eléctrica en el lugar, las autoridades indígenas dan declaraciones a los periodistas.
El Estado de Sitio también provocó que el Gobierno volteara a ver a una comunidad que vivía en el abandono, que no tiene acceso a luz, agua y donde los niños y las niñas tienen posibilidades de estudiar solo hasta sexto primaria. Las autoridades de la comunidad no quieren perder ese acercamiento y hacen una petición inesperada.
– Ya que las autoridades ya vieron la necesidad grave de las aldeas lo que queremos y ya hemos hecho un solicitud por medio de acta al ministro de la Defensa y al Gobierno, es que se haga una hidroeléctrica (comunitaria), una escuela secundaria, un centro de salud y un destacamento militar aquí en Semuy II para que el gobierno ya no nos deje, dijo Maas.
De momento, solo la iglesia evangélica está iluminada con luz eléctrica; en el resto de las casas hay baterías de carro, candelas, y “a quienes les va bien” tienen paneles solares.
En la entrevista con Nómada, el alcalde comunitario y su traductor insisten en decir que tienen una buena relación con el ejército y con la empresa Naturaceites, que son una comunidad pacífica y que no son parte del crimen organizado.
Rolando Maas incluso dijo que con ayuda de otras personas buscó en internet una de las palabras utilizadas para acusar a la comunidad: terroristas. Rolando Maas no entendía el significado, dice. Cuando lo leyó y buscó en Google, encontró imágenes de la guerra de Estados Unidos contra Irak y se quedó más confundido de los señalamientos del presidente.
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De vuelta al general Morales.
– ¿Qué hace el ejército Semuy II?
– La primera y más importante es que el Estado tiene acceso para saber cuáles son las necesidades de esa población. El Estado no podían entrar a hacer absolutamente nada allí. Es cierto, las comunidades indican que han estado abandonadas. Hoy estamos allí, estamos compartiendo con ellos y estamos desarrollando actividades tendientes a que esa armonía entre Estado e instituciones de Gobierno puedan hacer su trabajo allí. Lo que se espera es que el Gobierno como tal pueda ejercer sus funciones en una forma normal y que ninguno sienta el temor de ser agredido en una de estas comunidades.
En ese acercamiento a las comunidades incluso se han impartido “pláticas motivacionales”, dijo el ministro de la Defensa Luis Ralda ante los jefes de bloque en el Congreso.
Ese acercamiento a las comunidades, mezclado con la restricción de los derechos de organización y protesta derivados del Estado de Sitio, han provocado que las comunidades dejen de reunirse para continuar con sus manifestaciones, exigencias y resistencia.
Aunque la mayor presencia militar está concentrada en Semuy II, el impacto llegó más lejos.
María Choc, es activista de El Estor y traductora Q’eqchí . Estuvo cuatro días en prisión por una acusación de usurpación de tierras. Es una referencia en El Estor porque acompaña a comunitarios a audiencias en el Organismo Judicial y en procesos penales. Al ser entrevistada cuenta que la población la buscó para que les explicara qué significaba un estado de Sitio, había preocupación por las implicaciones, principalmente en las manifestaciones.
– Cuando cayó el Estado de Sitio se calmaron las manifestaciones. Yo me imagino que de la misma necesidad de trabajo la gente se pone a manifestar (…). Cuando escuché lo del Estado de Sitio pensé que muchas familias del área sur iban a sufrir, las mismas que sufrieron en el conflicto armando interno. Esto es como una guerra declarada al pueblo Q’eqchí: están acabando con nosotros, porque primero entraron las empresas mineras, hidroeléctricas y palmeras. Van a acabar con toda la riqueza natural, se van a ir a otra parte y van a buscar dónde hay más pero a nosotros nos dejan todos jodidos. Dicen que hay mucho narcotráfico pero no es a beneficio de las familias que viven en las comunidades.
5. El MP desacredita los hallazgos sobre narcotráfico
El subjefe del Estado Mayor, Luis Morales Pérez, aseguró que encontraron 42 pistas de aterrizaje en la zona —destruyeron 12— y que erradicaron 1.5 millones de matas de coca. ¿Cómo?
— Entramos a Semuy y está rodeada de montañas. ¿Cómo podría llegar allí un aeronave?
—Cuando se tiene información que viene una traza, se activa todo el sistema nacional y eso implica que hay que movilizarse a algunas pistas utilizadas con anterioridad como puntos estratégicos desde donde podríamos movilizarnos. Hay que considerar que en el área de atrás de Semuy, atrás de la palma, cualquier parte puede ser utilizada como pista, hay unas grandes planicies y entonces no debe usted concretarse a ver que haya una pista hecha porque ellos no necesitan una pista para aterrizar, ellos necesitan la pista para que la nave descienda y poder sustraer el ilícito y pueda ser utilizada esa parte del territorio.
—Eso no queda claro porque se ha cuestionado mucho la existencia de pistas por la topografía montañosa del lugar.
—No quiere decir que tengo que ir a pararme en la pista, puedo llegar a puntos desde los cuáles yo pueda tener el control de lo que entra y lo que sale a una pista. No forzosamente tengo que estar parado en la pista esperando que caiga. El ideal es estar parado allí esperando para poder capturar.
—¿Cuando se refiere a descienden es que la aeronave no aterriza sino que desde arriba tiran el cargamento?
—Aterrizan. Lo que pasa es que aterrizan pero si usted se da cuenta todas quedan destruídas. O sea, a ellos no les interesa que la avioneta aterrice normal, como si estuviera en un aeropuerto y que mañana se sube alguien y se va. A ellos lo que les interesa es que la avioneta llegue a tierra semi destruída y sacar el ilícito. Después lo suben a vehículos y se van y si usted exploró en el área de Semuy solo hay una carretera para entrar y salir. Esa es la cuestión, entonces cuando se activa el plan de trazas se buscan puntos o lugares desde los cuales se pueda interdictar. Muchas veces no da tiempo de llegar a las pistas, no sabemos dónde están, se activan y la gente se mueve a los lugares desde donde considera, puede tener un control que le permita interdictar, esa es la parte.
— Antes de llegar acá hablamos con tres ministros de Gobernación que también revisaron una herramienta en tiempo real para explorar un poco cómo está en lugar y coinciden en que no hay forma de que allí lleguen, aterricen una avioneta.
—Solo una cosa le voy a preguntar: ¿Alguno de esos ex ministros es piloto aviador? Esa sería una pregunta que sería bueno que les haga.
— El punto es que la mayoría de la población no es piloto aviador y no es una duda solo de nosotras.
—Allí hay dos pistas y hay una sola carretera de entrada.
—¿Estos descubrimientos hubieran sido posibles de no haber estado decretado el Estado de Sitio?
—Es difícil porque si usted recordará muchas comunidades han tenido la situación de que le impiden el acceso a las autoridades públicas. En el caso de Semuy pasaron 24 horas para que permitieran en ingreso del Ministerio Público para hacer su trabajo. Muchas de esas comunidades han sido manipuladas para impedir que la autoridad ejerza su labor. También, particularmente en esa área, hay comunidades que tiene medidas cautelares pero la misma población impide que se ejecuten esas medidas cautelares que básicamente son que se provean seguridad, salud y educación.
—¿Qué pasará después del estado de Sitio? ¿Continuarán las operaciones militares?
—Definitivamente, los procesos de búsqueda de ilícitos deberían de continuar.
—¿Qué resultados han tenido en Semuy II?
—La primera y más importante es que el estado tiene acceso para saber cuáles son las necesidades de esa población. El Estado no podían entrar a hacer absolutamente nada allí. Es cierto, las comunidades indican que han estado abandonadas. Hoy estamos allí, estamos compartiendo con ellos y estamos desarrollando actividades tendientes a que esa armonía entre Estado e instituciones de de gobierno puedan hacer su trabajo allí.
Alan Ajiatas, subjefe de la Fiscalía contra el Narcotráfico, confirmó a Nómada el hallazgo de un laboratorio para la producción de cocaína en Guatemala, que los instrumentos y las salas eran “muy nuevas”, y que según su estimación, el lugar tenía capacidad para producir 300 kilos mensuales de esa droga.
– Todos estos hallazgos que hemos estado teniendo (con el Estado de Sitio) son ante la ausencia del Estado. (Es decir) si tuvieran más presencia no sería necesario un Estado de Sitio, dijo.
6. El día que el Gobierno silencia a la radio independiente
Cuatro patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), dos vehículos del Ministerio Público (MP) y una decena de personal de ambas instituciones rodean una pequeña casa ubicada a dos cuadras del Lago de Izabal, en el centro del pueblo de El Estor, Izabal. En el lugar funciona la Defensoría Q’eqchi’ y la radio Xyaab’ Tzuultaq’a (La voz del cerro, en q’eqchi’).
Luego de cinco días viajando en el área en la que el Gobierno decretó el estado de Sitio, este es el operativo más fuerte que Nómada vio en la región.
La Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público iba tras los equipos de transmisión de la señal radiofónica, pero solo encontraron una cabina tapizada con cartón de huevos para aislar el sonido. La frecuencia 99.5 FM dejó de reportar desde que se instaló el Estado de Sitio.
En esta sede funcionaba la radio comunitaria cerrada.En una zona de tensiones sociales por proyectos extractivos, las últimas transmisiones de la radio cuestionaron las versiones oficiales sobre lo sucedido en Semuy II y el asesinato de tres soldados; también denunciaron que la Compañía Guatemalteca de Níquel continuaba operando pese a que la Corte de Constitucionalidad suspendió su trabajo, y apoyaron a la gremial de pescadores que denunció a la mina.
Para los miembros de la radio el allanamiento fue una revancha contra su línea editorial; para el fiscal a cargo del operativo, quien no quiso identificarse, se trató de una investigación por el uso de una frecuencia sin autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Entre los documentos incautados estaban los gafetes de identificación de los periodistas y locutores de la radio.
– Si ellos están trabajando para una radio ilegal, están cometiendo un delito, dijo al fiscal antes de subirse al carro del Ministerio Público.
Dentro de la radio quedaron papeles desordenados y dos miembros de la defensoría q’eqchi’ con semblante preocupado.
En un cayuco sobre el Lago de Izabal, Eduardo Bin, vicepresidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, preguntó a estas periodistas por el operativo. El trabajo de Xyaab’ Tzuultaq’a era clave en su resistencia, contó. Todos los días escuchaba la radio para enterarse de las denuncias y organización de otros municipios y departamentos del país. La radio era una fuente de información que le genera confianza, puesto que coincidía en su resistencia hacia la actividad minera y contaminación ambiental. Ahora la única fuente de información confiable son los comentarios de voz a voz.
Original: Nómada
