Guatemala se expone a un nuevo arbitraje internacional con posibilidad de una demanda millonaria debido a la suspensión de operaciones del proyecto minero El Tambor, propiedad de Exmingua.
Por Rosa María Bolaños y Urias Gamarro / Guatemala
18 de Mayo de 2018 a las 04:00h
El proyecto minero el Tambor, conocido también como Progreso VII Derivada y La Puya, en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, estaba autorizado para extraer y exportar oro y plata. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
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Stuardo Ralón, abogado de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) para los casos que se llevan en la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala, confirmó la veracidad de una carta fechada el 16 de mayo en la que se anuncia la intención del arbitraje.
La demanda de indemnización superaría los US$300 millones —unos Q2 mil 223 millones—, debido a la inversión y a las pérdidas que se han tenido por la suspensión de operaciones, refirió Ralón al consultarle por los montos citados en ese documento.
El abogado dijo que Daniel K. Kappes, accionista de la empresa, le indicó que se presentó una notificación escrita de su intención de someter al Estado de Guatemala a un reclamo de arbitraje.
Esa medida se puede hacer con base en el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El caso se maneja por medio de una oficina de abogados en ese país de Norteamérica, agregó Ralón.
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La suspensión
La operación del proyecto fue suspendida en junio del 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue apelado por la empresa ese mismo mes en la Corte de Constitucionalidad, pero, a la fecha, no se ha emitido resolución definitiva.
En el documento se refiere que el Estado de Guatemala incumplió disposiciones de ese TLC como trato nacional, nivel mínimo de trato y expropiación de inversiones e indemnización.
Protesta en contra de la mina de La Puya frente al a Corte de Constitucionalidad donde exigen a los magistrados que no quieren la mina. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
El ministro de Economía, Acisclo Valladares, dijo por mensajes electrónicos que vio la carta que circuló en redes sociales, pero que, hasta no contar con el documento oficial, no puede pronunciarse.
Luego del aviso de la intención de un arbitraje, las partes tienen 90 días para conciliar.
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