Manuel Pérez Rocha, investigador social, participó del Encuentro Regional Alianza Centroamericana Frente a la Minería para hablar sobre los riesgos de los pueblos latinoamericanos debido a los avances de las multinacionales, que a través de tratados de libre comercio e inversiones están robusteciendo un poder que afecta la soberanía de las naciones.
“En México está en debate y discusión el acuerdo que da a las empresas transnacionales lo que queda de nuestros servicios públicos. Y así como este, se han negociado similares acuerdos en muchos países de Latinoamérica”, comentó.
Sobre las amenazas de los tratados comerciales, Pérez Rocha explicó que además de consolidar el poder de las corporaciones transnacionales, estos llevan al riesgo la preservación del medioambiente, de donde extraen los recursos naturales.
“Actualmente, la mayoría de los países de América Latina están recibiendo, de manera explosiva, multimillonarias demandas a raíz de la puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo del sistema de inversión de las naciones y que las corporaciones ejercen a través de estos tratados comerciales internacionales sobre los gobiernos nacionales”, manifestó.
En cuanto al poder corporativo, Pérez Rocha aclaró que han enfocado un sistema jurídico internacional que le reconocen a estas empresas “derechos omnipotentes y supranacionales”, que generan abusos en los sistemas de justicia nacionales y por tanto, de la población.
“El caso de Pacific Rim (Oceana Gold) y El Salvador es un caso emblemático, que gracias a la acción del pueblo salvadoreño, a su firmeza y las alianzas internacionales, lograron hacer semejante presión, para que el fallo fuera favorable a El Salvador, pero estos tratados de inversión o libre comercio atentan contra la estabilidad de los Estados y contra los derechos humanos”, expresó.
Un caso emblemático para Pérez Rocha es Ecuador que está siendo obligado a pagar casi 2 mil millones de dólares a dos empresas del sector extractivo que desafían abiertamente las políticas públicas tendientes a la preservación del medioambiente y derecho de las comunidades de ese país suramericano.
“Hay un informe del Instituto de Estudios de Políticas de Washington, en donde la distribución geográfica de las demandas millonarias presentadas a la fecha están en Centroamérica y Suramérica, con un 29%, sin contar a México que son los más demandados.
El investigador mexicano Manuel Pérez Rocha habló en el Encuentro Regional Alianza Centroamericana Frente a la Minería sobre el riesgo de los pueblos de Latinoamérica por el avance de las multinacionales. Foto Diario Co Latino/Archivo.
Y si comparamos a América del Norte es un 4% y Europa occidental un 8%, o sea, que los países más ricos son los menos demandados. Este es un instrumento de poder de las corporaciones, asentadas en los grandes centros financieros”, argumentó.
Las demandas de las transnacionales en los países latinoamericanos, agregó el investigador, es por la cantidad de 18 mil 808 millones de dólares, que consideró una cifra estratosférica que podría utilizarse en mejorar los sistemas de educación, salud y servicios públicos, y así crear realmente el desarrollo humano integral en los pueblos de la región.
“Lo que debemos hacer es cambiar el sistema actual sobre las inversiones de una vía solamente para las corporaciones. Y tomen nuestra propuesta: Llamamiento a un Diálogo a los Acuerdos Internacionales de Inversión para superar la impunidad de las corporaciones multinacionales, a favor del interés público”, indicó.
Otro de los pilares es fortalecer la vigencia de los derechos humanos de la población, por encima de la inversión internacional y para establecer obligaciones y responsabilidades que garanticen a los Estados tener el espacio para implementar políticas públicas, fomentar el desarrollo económico y contar con un sistema alternativo de solución de disputas que sea breve y con públicas discusiones.
“Les invitamos a unirse, a sumarse a esta campaña para desmantelar el poder de las corporaciones, para desmantelar ese poder. Somos una consolidación de más de 200 movimientos sociales organizaciones y acciones populares. Así como denuncias de empresa específicas que están activas en distintos países y tenemos esta propuesta a nivel regional con estrategias de intercambio de información, experiencias y debates, que funcione como un espacio más amplio donde se profundice la solidaridad, el apoyo a diferentes luchas frente a las empresas.
Debemos crear un marco político que visibilice y dé protección a los movimientos respectivos de resistencia social, esa será nuestra organización”, puntualizó.
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