“La población rural necesita de la atención en salud, educación y seguridad alimentaria”, dijo Gertrudis Mejía, tesorera de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), al señalar que la Emergencia Nacional por la pandemia del coronavirus ha perjudicado a fondo la frágil economía de las comunidades rurales.
“Queremos que el presidente Nayib Bukele cambie la actitud y no cancele programas sociales que benefician a las comunidades como los ECOS, que los han cerrado y por presión social algunos han abierto pero ya no hay médico, ni medicamentos. Así como Ciudad Mujer, que era un proyecto integral para atender los derechos de las mujeres y que ahora se encuentra disminuido; o los paquetes escolares, el uniforme y los zapatos, para los niños y niñas”, manifestó Mejía.
En su trigésimo sexto aniversario de fundación, CRIPDES se pronunció sobre los avances y desafíos de las comunidades rurales en torno a la pandemia de COVID-19, en el ámbito político, económico y ambiental. Destacaron su compromiso de velar por los derechos de las personas más vulnerables en el territorio nacional.
Juventina Ramírez -presidenta de CRIPDES- expresó que la pandemia por COVID-19 ha agudizado los múltiples y ya existentes problemas de las familias rurales, que subsisten de el trabajo informal, la agricultura de susbsistencia y de pequeños emprendimientos.
“Las disposiciones del Gobierno actual únicamente impuso la cuarentena domiciliar obligatoria y un régimen de excepción, desde el mes de marzo que imposibilitaron las labores agrícolas en las comunidades rurales, generando una baja producción de alimentos y cosechas para las familias, eso significa que habrá una hambruna a mediano plazo”, explicó Ramírez.
CRIPDES, UCRES, CCR, CRIPDES-SUR La Libertad, CRIPDES San Vicente y PROGRESO continúan su trabajo junto a estas comunidades rurales, apoyándoles para enfrentar los desafíos que les impone la emergencia sanitaria.
“Esas zonas en donde trabajamos hemos sido testigos del olvido en que se encuentran estas poblaciones y es clara la ignorancia de las condiciones en las que se vive en la zona rural. Cuando el Gobierno anunció la paralización del servicio del sistema del transporte colectivo en todo el país, no se tomó en cuenta o decidieron ignorar que casi el 85 % de la población utiliza diariamente este medio de transporte, para compra de alimentos, medicinas o actividades prioritarias familiares”, aseguró.
Ante esa situación, CRIPDES realizó una gestión junto a entidades de cooperación internacional, para apoyar en puntos básicos a las comunidades y dar un soporte intermedio a la situación de desabastecimiento de alimentos, medicamentos y material para limpieza, dando prioridad a las familias mayormente vulnerables como madres y jefas de familia con padecimientos de enfermedades crónicas, adultos mayores, embarazadas y las familias que resultaron afectadas por las tormenta tropicales Amanda y Cristóbal.
Asimismo, Zulma Hernández -vicepresidenta de CRIPDES- lamentó que pese a las limitaciones que se dio a la dinámica económica, las empresas cañeras no han parado su actividades de riego, uso de plaguicidas y zafra, que sigue impactando a las comunidades aledañas a este monocultivo, que no consignan en sus acciones ninguna medida de bioseguridad.
“Expresamos nuestra preocupación ante la falta de un plan que responda a las necesidades específicas de las familias que viven en condiciones de extrema pobreza y no solo recomendarle que se quede en casa. Por eso, demandamos que el gobierno del presidente Nayib Bukele priorizar a las comunidades rurales, garantizando acceso a la salud, porque nosotros teníamos en la comunidad la atención en los ECOS, pero ahora tenemos que caminar 2 o 3 horas para llegar a un establecimiento de salud, cuando son las poblaciones más vulnerables. Además, con el COVID-19, muchas personas tienen miedo de acudir a los hospitales por el contagio o por el cobro que están haciendo para el traslado de personas, eso es vulnerar el derecho a la salud”, manifestó.
Como junta directiva de CRIPDES, demandaron del Gobierno la garantía de la seguridad alimentaria, agua y salud, en el período más crítico de la pandemia y sugieren un manejo diferente en la asistencia humanitaria de la población, al considerar que la vida en la zona rural es diferente a la urbana y consideran que hasta el momento se ha dado prioridad a esta última, que opinaron la han visto en la publicidad gubernamental, que solo es dirigida a la clase media alta.
