“Antes del activismo climático, hay que hablar de la defensa del territorio, porque para que la crisis climática nos afecte menos, tiene que haber bosque, agua y biodiversidad”, dijo Carolina Amaya ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que integra la Alianza contra la Privatización del Agua, en el marco del Quinto Encuentro Regional de ACAFREMIN.
Los movimientos sociales y ambientales celebraron el V Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), que integra una diversidad de colectivos de mujeres ambientalistas, pueblos indígenas y académicos, provenientes de la región C-4, realizado entre el 13 al 15 de noviembre 2019.
Este grupo de organizaciones que decidieron dar un paso a la unidad regional en el año 2017, han venido denunciando el impacto que la industria minera, monocultivos y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, va en aumento en la región centroamericana, generando incertidumbre y limitando a los pueblos el acceso a sus derechos humanos.
Carolina Amaya reafirmó que frente a todas estas amenazas a bienes naturales que son indispensables para subsistencia de la población, se debe replantear el consumo como “cordón umbilical”, del sistema capitalista, que entre sus objetivos es la explotación y mercantilización de recursos ambientales.
“Estamos orientando nuestras energías hacia un movimiento regional y nacional, es por esto que la Alianza contra la Privatización del Agua, en su último congreso de movimientos sociales, acordó la creación de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, acuerda la cohesión y trabajar en los próximos años en la reconstrucción de ese movimiento social. Porque solo teniendo pies en el territorio, cabeza política en los territorios y educación, porque una sociedad políticamente educada va a ser capaz de entender y comprender, lo que pasa más allá en las redes sociales y el twitter, tenemos que volver la mirada en el territorio”, sostuvo.
La situación de las personas defensoras de derechos ambientales, así como los esfuerzos de las comunidades y organizaciones sociales por defender su patrimonio natural, enfrentan la criminalización y un patrón sistemático de violencia institucional, que trata de debilitar sus legítimos derechos.
Pedro Landa de ERIC-ACAFREMIN de Honduras señaló que la represión ha recrudecido contra la lucha social de pueblos indígenas y afrodescendientes, contra las privatizaciones de la salud y educación, que criminaliza sus derechos elementales como seres humanos.
“Tenemos un caso emblemático que es el Guapinol, en donde 51 líderes y liderezas que están en procesos judiciales, once han sido dejados en libertad, siete de ellos guardan prisión. De ellos, uno murió hace cinco años y aún el Estado lo acusa de supuestos crímenes ocurridos el año pasado. ¿Por qué pasa esto?, porque los Estados han orientado toda su administración pública en garantizar la impunidad de las grandes empresas”, explicó Landa.
Mientras en Guatemala, Julio González del Colectivo Madre Selva-ACAFREMIN consideró que los Estados de la región más allá de criminalizar el movimiento social y sus defensores, está condenando el sistema democrático, al fortalecer un marco jurídico de despojo de bienes naturales.
Original: Diario CoLatino
