“La pandemia COVID-19 es una oportunidad para reflexionar sobre la sostenibilidad, social, cultural y ecológica de nuestra región”, expresaron las organizaciones de varios países de Centroamérica que integran a ACAFREMIN.
Sobre la crisis sanitaria por la pandemia, ACAFREMIN emitió una serie de valoraciones sobre los consecuentes efectos en el área económica y ecológica global, porque amenaza la población mundial y la estabilidad de las estructuras democráticas de las naciones.
“Ante esta amenaza los gobiernos de la región (CA4) han implementado una serie de medidas orientadas a controlar la propagación del virus, sin embargo, estas medidas se implementan bajo un contexto regional de agresión constante contra defensores y defensoras del agua y el territorio que protesta por el deterioro gradual del Estado de Derecho, impuesto por una agenda económica neoliberal orientada al fortalecimiento de las élites empresariales, y las nuevas oligarquías neoextractivistas, mediante la privatización de servicios públicos y la concesión y explotación de bienes naturales”, argumentaron.
Asimismo, señalaron que el “confinamiento por la cuarentena” ha causado el distanciamiento social que genera en las poblaciones la “docilidad”, y aceptar leyes regresivas y préstamos millonarios para afrontar la emergencia sanitaria, pero que en el fondo están diseñadas para subordinar políticas económicas, provenientes de directrices como el Tratado de Libre Comercios (TLC), al que añaden el autoritarismo militar como en la épocas de represión que vivió la región dos décadas atrás.
“En El Salvador, por ejemplo, el primero año de gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por un gobierno antagónico con otros poderes del Estado, la centralización de toma de decisiones en la presidencia, el despido masivo de miles de servidores públicos, el desmantelamiento de la red de salud y bienestar social, así como, la militarización de la sociedad”, dijeron.
Mientras, en Nicaragua -desde 2018- inició un conflicto social generalizado, por una “mala gestión ambiental” y subsecuentes reformas sociales como la de pensiones y concesiones de bienes naturales. En Honduras, la elección fraudulenta de presidente Juan Orlando Hernández (2018), la vinculación familiar en el narcotráfico y la represión total contra los movimientos sociales, liderazgos comunitarios y la gradual privatización de bienes comunes e intento de privatizar la salud y la educación.
El gobierno de Guatemala ha sido denunciado de continuar un pacto de corrupción y apoyo de una ley de ONG, con el fin de controlar y cancelar a las organizaciones que las consideren que alteran el orden público.
Ante estas situaciones, ACAFREMIN expresó su preocupación por los efectos que tendrá la pandemia del Coronavirus, pero también por el “impacto acumulativo”, de pérdidas de vidas humanas, el colapso del sistema de salud y previsión social, medios de vida de las grandes mayorías y el posible resquebrajamiento de la democracia.
“Los gobiernos deben atender la emergencia con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos, y ajustados a la realidad de cada país. Para ello es necesario que los gobiernos establezcan coordinación no solo con mecanismos regionales e internacionales, sino también con diferentes sectores a nivel nacional incluyendo el aporte, conocimientos y experiencias de las organizaciones sociales de cada país que acompañan y trabajan de cerca con las comunidades y poblaciones afectadas. Y que los gobiernos e instituciones encargadas de implementar medidas de emergencia establezcan protocolos de fiscalización y transparencia en el manejo de recursos, garantizando el derecho a la denuncia ciudadana, el acceso a la información y la libertad de prensa”, reafirmaron.
Original en Diario CoLatino
