La lucha organizada y permanente por el derecho humano al agua que libran las comunidades rurales, acompañadas de organizaciones sociales y ambientales, ha sido plasmada en el libro Defender el Agua, escrito por los esposos y activistas Robin Broad y John Cavanagh, que desde 2009 han vivido de cerca el proceso de organización y lucha del pueblo salvadoreño frente a las corporaciones mineras.
El libro Defender el agua, recoge los testimonios y sistematización de la lucha anti minería en El Salvador y cómo las comunidades han hecho retroceder a las empresas extractivistas hasta lograr que el país más pequeño de Centroamérica sea reconocido grandemente por ser el primero en tener una ley que prohíbe cualquier tipo de actividad minera.
El libro es presentado en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, una normativa que ha sido impuesta por el oficialismo y que ha dejado de lado todos los aportes de la academia y de las organizaciones sociales y ambientales, y que además le apuesta a la comercialización y sobre explotación del agua.
John Cavanagh, uno de los autores del libro considera que en El Salvador la nueva ley del agua obliga nuevamente a que las organizaciones y comunidades se organicen y cierren filas en la defensa del derecho del agua, así como ha sido demostrado hace cinco años, 2017, en la lucha contra las mineras.
Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, dijo que la Mina Cerro Blanco en el vecino país de Guatemala representa un detonante de contaminación que amenaza las aguas de los afluentes Lempa y Guija y que hasta el momento los gobiernos salvadoreño y guatemalteco permanecen pasivos ante esa crisis ambiental.
“Se quiere procesar 10,952 toneladas diarias y extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas” dijo.
Las empresas mineras están acabando los bienes naturales de los países centroamericanos, mientras las comunidades rurales e indígenas que son propias de los territorios se niegan a cambiar el agua por el oro y siguen resistiendo en la defensa de sus territorios y de los bienes naturales que por derechos les corresponde.
En El Salvador, la entrada en vigencia de la nueva ley del agua ha obligado a las comunidades rurales a tomarse las calles, ya que la nueva ley pone a las Juntas de Agua, que son las responsables de proveer aguas a las comunidades, a competir con grandes empresas.
En El Salvador al igual que en los demás países de Centroamérica las comunidades no están dispuestas a ceder lo que por derecho les pertenece y se mantienen firmes para Defender el Agua.
