El Gobiernos de Honduras resolvió recientemente la suspensión inmediata de las actividades mineras de la empresa MINOSA, por contravenir las sentencias judiciales que prohíben sus operaciones en el cementerio Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa en el departamento de Santa Barbara de Copan.
La resolución responde al conflicto entre la empresa y la comunidad Chortí en Azacualpa que ha denunciado la profanación y destrucción de un cementerio que tiene más de 200 años de antigüedad, pese a haber sido declarado patrimonio cultural en el año 2015 y de existir un amparo judicial emitido por la Corte Suprema de Justicia que le da protección.
La resistencia de la comunidad Maya Chorti comenzó en el año 1998 cuando la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals, inicio sus operaciones en una concesión de explotación otorgada por el gobierno hondureño. Desde entonces las comunidades se han organizado para proteger su territorio, su patrimonio cultural y sus derechos constitucionales.
El conflicto se agudizó en el 2012, después que la empresa hiciera pública su intención de exhumar y remover unas 400 osamentas del cementerio local que según organizaciones comunitarias data desde hace 200 años y que pertenece tanto a Azacualpa como a otras comunidades aledañas. Este anuncio fue recibido con consternación en las comunidades que intensificaron su lucha no solo contra el despojo de sus tierras, viviendas y monumentos históricos sino también contra la profanación de los restos sus seres queridos.
En noviembre del 2020, la corte suprema de justicia ratifico la sentencia ante un juzgado local de Santa Rosa, que había ordenado el cese de las exhumaciones. Pero la, empresa en complicidad con la municipalidad y el Ministerio Publico se rehúsa a acatar la orden y ha continuado sus operaciones. Desde diciembre de 202,1 ha seguido el proceso de exhumación con el apoyo de cuerpos de seguridad pública, a pesar de las denuncias de la comunidad.
Estos actos de agresión y descontrol han obligado a la Secretaría de Estado en los Derechos Humanos de Honduras a emitir un tímido boletín en donde comunica a la comunidad nacional a internacional que ha constatado las graves violaciones y desacato judicial por parte de la empresa minera, y que la profanación del cementerio ha hecho retornar el conflicto en dicho territorio. La resolución manda también a suspender las licencias del proyecto y a las autoridades competentes a emitir un reporte al ejecutivo.
Si las autoridades hondureñas no actúan en defensa de los derechos de los pobladores indígenas de la comunidad Chortí, Azacualpa será la siguiente comunidad en desaparecer a consecuencia del desplazamiento forzado que provoca la actividad minera.
Según registros de algunas publicaciones anteriores, las aldeas San Andrés, Platanares y San Miguel fueron reubicadas en la década de 1990 por el extractivismo. En San Andrés, una iglesia con vestigios coloniales del siglo XVIII, incluso declarada patrimonio histórico y cultural, fue también destruida, al igual que el cementerio de Azacualpa.
