El lago de Izabal, también conocido como golfo Dulce, es un lago que se encuentra en el departamento del mismo nombre, en el municipio El Estor, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala.
Este lago es más grande de Guatemala, mide 45 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, con un área total de 589,6 kilómetros cuadrados, está conectado y desemboca en el Mar Caribe, a través de un lago más pequeño.
Desde el 2014, el lago está siendo afectado por las actividades que realizas la compañía minera de Guatemala Níquel Co, anteponiendo así los intereses económicos de una empresa extranjera ante los derechos de los ciudadanos guatemaltecos.
El impacto que genera la compañía minera Guatemala Níquel Co, subsidiaria del Grupo Inversionista suizo Solway, en el lago Izabal después de siete años es evidente, y afecta directamente a los lugareños, quienes han visto reducir la actividad pesquera y sus fuentes de agua.
Las comunidades Maya-Q’eqchi’, habitantes ancestrales de la zona, han denunciado públicamente la complicidad del presidente Giammattei por hacer caso omiso a la devastación que genera la mina. La oposición de las comunidades al proyecto minero se ha hecho sentir, a través de diferentes actividades de protesta. En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la licencia de explotación minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una consulta a las comunidades del área de influencia.
Hasta la fecha el MEM no ha realizado un proceso de consulta amplia con las comunidades, sino una “pre-consulta” con líderes e instituciones no representativas de las comunidades, lo que incomoda a la mayoría de comunidades ancestrales que han continuado sus acciones pacíficas y en defensa de los bienes comunes.
Mientras el gobierno guatemalteco ha mantenido una repuesta violenta, agresiva que busca callar las demandas de la población a la exigencia de proteger el lago y el medio ambiente, las comunidades Maya-Q’eqchi’ que viven en las orillas del lago de Izabal han sido ocupadas por un despliegue militar y policial que vigila y acosa a la población, allanando sus casas y ejerciendo presión para que desistan la protesta.
La medida más drástica para contener el descontento de las comunidades indígenas y proteger las actividades de la mina ha sido la imposición del toque de queda, aprobado con 85 votos a favor de un total de 160 diputados, esto permite a los militares controlar la zona y suspender las garantías constitucionales de las comunidades que habitan en la localidad de El Estor, Izabal.
La situación en El Estor, Izabal ha llegado al conflicto y enfrentamiento entre manifestantes y policías, debido a la oposición a la minería, esto ha afectado a toda la población y a una economía ya golpeada por la pandemia del covid-19.
La actividad minera para la extracción de Níquel, Cobalto y Hierro, en El Estor, Izabal, comenzó en 1970, cuando el Gobierno de aquel entonces, otorgó por 40 años la explotación de dicha mina a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la canadiense International Nickel Company (INCO). Desde aquel entonces el lago Izabal y las comunidades indígenas han venido resistiendo pacíficamente a la explotación y contaminación que genera la actividad minera.
