La etnia son víctimas de asesinatos, criminalización, persecución y asedio por las industrias empresariales y el Estado. Las comunidades garífunas e indígenas son las principales afectadas de ataques, según el estudio: “Derechos Colectivos Vulnerados: Honduras El impacto multidimensional de proyectos extractivos e infraestructura 2017-2019”
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció el arresto arbitrario de las hermanas Marianela y Jenifer Solorzanos, defensoras de las comunidades garífunas, quienes fueron detenidas el pasado 3 de marzo, indicó en un comunicado la institución.
Las hermanas y miembras de OFRANEH fueron detenidas por la Direccion Policial de investigación del municipio de Trujillo, en Colón, bajo el supuesto delito de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de la empresa de origen canadiense Sociedad Responsabilidad Bienes raíces Juca, representada por Rosario Edilma Ruíz, según el expediente judicial 023-2021 del 15 de febrero del año en curso.
Adilia Castro, testigo en la detención de las hermanas, relató el maltrato que sufrieron las detenidas por agentes de La Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
“En un retén policial, en la salida de Trujillo hacia Santa Fe, fue detenida la compañera Jenifer y fue llevada a la posta policial del municipio. La policía le dio un trato horrible; incluso ella estaba con su hijo de 8 años y no se respetó. Maraniela fue retenida y acusada de usurpación”, contó la testigo en un vídeo de Diario Colón HN.
Arbitrariamente las defensoras fueron trasladadas al puesto policial en Tocoa, Colón, según denunció Castro. Los agentes de la policía intentaron trasladar a las hermanas al Centro Penal de Olanchito, Yoro, sin embargo, las comunidades garífunas no permitieron, escribió OFRANEH en su comunicado.
Las defensoras garífunas se mostraron optimista ante los hechos de criminalización. “Saldremos victoriosas porque nosotras no somos delincuentes, solo somos defensoras de nuestro territorio, de nuestro patrimonio y de todo lo que conlleva ser garífuna. Nos sentimos orgullosas y nos han dado más fuerza”, dijo Jennifer Solórzano a Radio Progreso.
El pasado 7 de marzo, las lideresas y defensoras del territorio garífuna enfrentaron la audiencia inicial en el Juzgado de Letras del municipio de Trujillo, el cual estuvo custodiado por elementos militares y policiales. En las afueras de las instalaciones, comunidades pedían la liberación de Marianela y Jenifer Solorzanos, quienes denunciaron al juez del caso de cometer actos de racismo y violación de derechos humanos.
Eddy Tabora, abogado defensor de las hermanas Solorzanos, catalogó de criminalización y burdo el proceso en contra de las activistas; asimismo denunció la falta de transparencia del caso.
“No van a permitir observadores nacionales e internacionales, es una grave violación al derecho de publicidad. El enjuiciamiento va bajo el enfoque racista, no quiere que se observe los abusos que cometen los jueces, violación de derechos humanos”, comentó Tabora a un medio local de Honduras.
Las hermanas Solozarnos enfrentarán el proceso judicial en libertad. El juez negó el sobreseimiento a favor de las miembras de OFRANEH, mencionó la abogada defensora la noche del 7 de marzo.
Edy Tabora, abogado defensor, explicó que Marianela y Jenifer tendrán que presentarse a firmar cada 15 días, no salir del país y no acercarse a las supuestas víctimas.
“En ambos expedientes hay más 30 personas acusada y con órdenes de captura. Es decir: lo que viene para el pueblo garífuna, para la OFRANEH, un trabajo duro para impugnar todas estas órdenes de captura y evitar esta situación”, comentó Tabora a la salida de los tribunales del Juzgado de Letras del municipio de Trujillo.
El despojo de tierra a la base del conflicto
OFRANEH aseguró que la criminalización en contra de las defensoras y del pueblo garífuna es por la tenencia de tierra en la Bahía de Trujillo, que son amenazadas por grupos de poder, principalmente financiadas por transnacionales canadienses. La organización denunció a Rosario Edilma Ruíz, representante de Juca, estar detrás del despojo de tierra de las comunidades.
Más de 7 mil hectáreas de tierra en Bahía Trujillo poseen título de propiedad ancestral; las poblaciones de las comunidades de Cristales y Río Negro cuentan con la titularización de sus terrenos, el cual fue otorgado por los expresidentes Luis Barahona y Manuel Bonilla (1887 y 1903).
Violencia contra el pueblo Garífuna
Recientemente, las comunidades garífunas han sido víctimas de una oleada de persecución, criminalización, secuestros y asesinatos; violencia generada por empresas nacionales y transnacionales en complicidad con agentes de la seguridad pública.
En los primeros días de marzo 2021, se registró el asesinato del presidente del Patronato de la Aldea, Martín Abad Pandy, en la comunidad garífuna Corozal del atlántico hondureño, publicó el medio digital El Heraldo HN.
El crimen contra Pandy es confuso. Las Policía indicó que los atacantes llegaron hasta donde se encontraba el presidente de la aldea y le dispararon. El activista comunitario respondió al ataque, matando a uno de sus asesinos.
Con relación al caso, OFRANEH recordó que el pasado 13 de febrero, en ese mismo sector, sicarios asesinaron al joven Fernando Padilla. En este crimen los sicarios llevaban un listado con los perfiles de todos los líderes sociales de la comunidad.
“Ofraneh denunció que la Policía Nacional, al momento de levantar la escena del homicidio, no ordenó el despliegue de oficiales para custodiar la zona y dar seguridad a la comunidad, lo que ha redundado en que Corazal ha quedado “bajo la intervención del Narco-gobierno de Honduras”, cita el medio digital KAOSENLARED.
En otro hecho de violencia, cincos dirigentes garífuna del Triunfo de la Cruz, departamento de la Atlántida, siguen desaparecidos desde el 18 de julio 2020. Agentes de la DIP llegaron a las viviendas de los defensores de la tierra: Alberth Centeno, Milton Joel Álvarez, Suami Aparicio García, Gerardo Misael Calix y Junior Rafael Mejía, y los secuestraron, según relataron organizaciones de la sociedad civil.
A ocho meses de la privación de libertad, el gobierno de Juan Orlando Hernández y el Estado Hondureño han incumplido la resolución del Comité Contra la Desaparición Forzada de las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: localizar a los cincos líderes comunitarios.
En 2015, el Estado de Honduras pretendía despojar de sus tierras a 10,000 habitantes garífunas, con el objetivo de construir un proyecto turístico de paraje natural. Ese año, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al gobierno a otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios donde vivían la comunidad étnica, según informaron medios internacionales.
