Dos años han pasado desde que se aprobó la ley contra la minería en El Salvador, pero el actual gobierno sigue sin llevarla a la práctica para interrumpir totalmente esta actividad. El ejecutivo sigue sin mostrar públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Güiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
Tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, las cuales según la ley le corresponde hacer en los dos primeros años de vigencia de la ley.
En el marco de esos 2 años plazo del artículo 2 de la Ley de prohibición de la minería metálica que dictamina:
" La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de: exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo. También, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica. En caso de la minería artesanal de pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y güiriseros, tendrá un plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para reconvertirse a otra actividad productiva; para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño".
La Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMIN-, consideran que el gobierno tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.
“El pasado 29 de marzo se cumplieron 2 años de haberse aprobado la Ley de la prohibición a la explotación de la minería metálica. Esta ley tenía como garantía dentro de sus articulados de que era justamente el plazo de dos años para que el gobierno pudiese ir dando respuesta a toda la problemática y demandas que se habían presentado como organizaciones ambientales y sociales especialmente en aquellas zonas en donde a habido conflictos sobre la exploración y explotación minera”, dijo el presidente de CRIPDES, Bernardo Belloso.
A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales compartimos las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.
Representante de ACAFREMIN, Pedro Cabezas manifestó “Una de las preocupaciones que estamos pendientes es el hecho de la minería transfronteriza, en Centroamérica tenemos programas mineros bien avanzados, en Nicaragua, Guatemala y Honduras. El Salvador es el único país centroamericano que se ha prohibido la minería metálica pero no quiere decir que estamos inmunes de contaminación que puede cubrir la minería transfronteriza”.
Por lo cual consideran urgente que el Estado establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países El Salvador y Guatemala, una apertura Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de minas que atentan a los bienes del país, así como propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los güiriseros, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, en la Unión.
Pese a que la ley sigue sin aplicarse, El Salvador es el primer país del mundo que cuenta con una legislación contra la minería metálica.
Original: Vanguardia
